Según ministros, sería un error derogar la ley

Eliminar el Régimen de Responsabilidad Fiscal sería un error, sin embargo, hace falta una readecuación de las normas. En esto coincidieron tres ministros de Economía consultados por LA GACETA.
"No vendría mal una suspensión temporaria de las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue creada para tiempos normales y no para este período de crisis mundial", dijo el ministro de Buenos Aires, Alejandro Arlía. Muchas de esas metas, "no son objetivos fáciles de cumplir este año", acotó. Entonces, puntualizó, es necesario consensuar entre Nación y provincias un mecanismo que permita a los gobernadores márgenes de maniobra fiscal. El jujeño Miguel Lembo coincide con esa apreciación. "Se debe tener en cuenta que para las provincias chicas no hay posibilidades de emitir títulos y, en el contexto de crisis generalizada debe primar la razón en los planteos y acordar medidas que solucionen el problema a todos", remarcó.
A su vez, el tucumano Jorge Jiménez dijo que el consejo de ministros deberá resolver los cambios. "Pero no hay que derogar la ley fiscal, que dio cierto orden y prolijidad a las cuentas provinciales".

Cambios propuestos al sistema vigente

- Gasto público.- Las provincias creen que el tope establecido por el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal no puede ser cumplido, porque hubo reajustes superiores al 20% en el gasto en Personal y caída de la recaudación.

- Equilibrio financiero.- También hay objeciones a la vigencia del artículo 19 en este contexto de crisis mundial. Preservar el equilibrio en el presupuesto, en el actual escenario fiscal, es una meta de difícil cumplimiento, se sostiene.

- Endeudamiento.- Varias provincias no pueden tomar las medidas necesarias para que su nivel de deuda sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios que se abonan por ese endeudamiento no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a los municipios (artículo 21). Otra meta de difícil ejecución, dicen.

- Penalidades.- Las jurisdicciones que superen los topes de porcentajes "no podrán acceder a un nuevo financiamiento", excepto que sea refinanciación en mejores condiciones (artículo 22). Las provincias temen no poder rendir con éxito las evaluaciones fiscales que le impidan obtener créditos federales.