Las provincias piden a Boudou que no corte el financiamiento

El régimen de Responsabilidad Fiscal ha significado una suerte de tapón para evitar que el Gobierno nacional y las provincias incrementen exponencialmente sus gastos y su endeudamiento. Por caso, hoy impide que los gobernadores puedan emitir cuasimonedas o títulos sustitutos de la moneda de curso legal (artículo 21).
La Ley 25.917, que dio origen al último pacto fiscal, cumplirá mañana cuatro años desde su promulgación. Y, frente a la crisis global, es posible que muy pronto, en setiembre, deba ser modificada a pedido de algunos gobernadores en cuyas provincias hay problemas financieros.
Varios ministros de Economía reconocieron a LA GACETA que las dificultades ponen entre la espada y la pared las gestiones provinciales. Temen que, al dispararse los gastos, el ministro de Economía, Amado Boudou, deba aplicar penalidades ante los incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Una de ellas sería lapidaria: el recorte del financiamiento que brinda la Nación a través de distintos programas (reprogramación de deudas u obras públicas, por caso).
Para evitar ahogos financieros o problemas políticos, varios ministros elaboran propuestas que serán presentadas en la próxima reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, presidido por el propio Boudou. Una de las iniciativas propicia la eliminación transitoria de los topes o límites impuestos en la norma fiscal al gasto y al endeudamiento público hasta tanto se saneen las cuentas provinciales. El argumento del proyecto de ley sería las consecuencias de las crisis financiera mundial, agropecuaria (por las sequías) y sanitaria (por los efectos en la economía de la pandemia de la gripe A). Todo ello ha implicado una estrepitosa caída de los ingresos frente a un aumento del gasto corriente, debido a las subas salariales. La otra iniciativa -casi parecida a la anterior- sugiere la suspensión por uno o dos años de las disposiciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Una tercera idea es que, siendo la Nación la principal acreedora de las provincias, otorgue una suerte de perdón fiscal, reprogramando los vencimientos de la deuda contraída en los últimos seis años.
Algunas provincias, consideradas grandes, han apelado a la emisión de títulos públicos, con el fin de lograr financiamiento extra, especialmente para sostener los planes de obras públicas. Otros distritos, más pequeños, no tienen esa alternativa, porque no pueden emitir un bono que pueda ser colocado en el mercado voluntario de crédito.
La situación es complicada. Este año el déficit de las provincias alcanzaría los $ 9.800 millones, tres veces superior al registrado en 2008, según datos de la consultora Economía & Regiones.