¿Cuál Carta Magna?

Es una verdad histórica sin argumento en contrario, aquella que señala que, cuando no está limitado, el poder se convierte en tiranía y arbitrario despotismo. El poder sin control tiene una valoración moral negativa que las naciones, con el correr de los siglos, aprendieron a conjurar a través de un sistema de reglas fijas -la Constitución- destinadas a limitar el ejercicio del poder político, con supremacía por sobre todas las normas y actos de sus gobernantes. Por eso, enterrando para siempre al absolutismo, la triunfante revolución francesa de 1789, al sancionar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecía un nuevo dogma: las sociedades en las que la separación de poderes no aparece determinada carecen de constitución.
Colonizada y abatida la Legislatura como organismo de control y mientras asistimos al réquiem de la independencia del Poder Judicial, esto es lo que ocurre hoy en Tucumán donde se ha reemplazado ese sistema de reglas por la voluntad del gobernador: Tucumán carece hoy de una Constitución idónea para limitar el poder y en consecuencia asegurar los derechos de los ciudadanos.
El esperpento constitucional de 2006, expresión que se justifica por la grotesca acumulación de facultades atribuidas al gobernador, tiene -pasados ya tres años de su sanción- además numerosas inconstitucionalidades por omisión, es decir mandatos superiores ignorados (cuando no desobedecidos) por quienes deberían asegurar su vigencia y supremacía.
Veamos sólo un ejemplo: la Constitución dice en su artículo 42 que las asociaciones de usuarios y consumidores deben participar en los entes de control. Sin embargo, los entes reguladores de los servicios públicos de energía y agua y cloacas se encuentran bajo el férreo control del gobernador, intervenido el Epret y descabezado el Ersact, sin ninguna participación de usuarios y consumidores.
El resultado está a la vista: cuando el kirchnerismo era pródigo en subsidios y "pisaba" las tarifas, en Tucumán éstas aumentaban. Y ahora que en el país se generalizan los aumentos, en Tucumán las tarifas vuelven a subir.
Por lo demás, el incumplimiento de las órdenes constitucionales es palmario. Con tres años de atraso, siguen sin dictarse la ley sobre Régimen Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Acefalía y la ley que haga realidad la tantas veces proclamada autonomía de los municipios, entre muchas otras.
Tampoco se sancionó una ley que asegure, como manda la Constitución, el voto electrónico. Es más, cuando la Legislatura aprobó un proyecto sobre el tema, Alperovich lo vetó, lo que prueba lo afirmado: En Tucumán, la Constitución es él.