La recomposición salarial es el caballito de batalla de los gremios estatales. El Gobierno asegura que, por exigencias nacionales y por la situación de las finanzas, no puede dar un aumento. En cambio, ofreció el pago de una suma fija y por única vez. Ayer, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, oficializó la propuesta del Poder Ejecutivo ante los sindicalistas. Las negociaciones son independientes de los reclamos de los docentes.
Cúneo Vergés planteó la posibilidad de incorporar en las liquidaciones salariales de este mes un ítem denominado "apoyo social" que consiste en el pago de un monto en dos partes, sin utilizar los tickets Proms. Este será el último ofrecimiento que hará el Gobierno a los sindicalistas, quienes deberán responder esta semana si lo aceptan o no. "Soy optimista en cuanto a una respuesta positiva de los estatales a esta propuesta", dijo a LA GACETA el titular de Economía.
La canasta básica
El pago del apoyo social alcanzaría al 40% del total de agentes públicos (unos 65.000). La idea es beneficiar, con un monto mayor, a aquellos empleados que cobran salarios inferiores a la canasta básica alimentaria, estimada por el PE en $ 320:
El Gobierno otorgaría $ 100 a los estatales que tengan un sueldo bruto inferior a $ 500; es decir, a unos 21.000 estatales.
Para aquellos que cobran hasta $ 600, la asistencia sería de $ 80, mientras que los empleados que perciben hasta $ 700 podrían recibir $ 60. En esta franja estarían otros 9.000 agentes.
Los gremios tienen que definir si es que se incrementa a $ 150 la ayuda a los sectores más bajos del escalafón o si se mantiene el pago para los agentes que cobran hasta $ 700. Entre los beneficiarios de la ayuda social figuran los empleados centralizados, seguridad, comunas rurales, jornalizados y mensualizados.
También incluiría a los municipales del interior. No ingresarían ni los legislativos ni los judiciales, como tampoco los trabajadores de los organismos autárquicos, que poseen otros regímenes laborales.
Usarán recursos de los eurobonos
El pago de la ayuda social a los empleados públicos se hará con fondos que provienen de la garantía del pago de los cupones de los títulos de la deuda pública (eurobonos) que cotizan en el exterior. Por convenio, el Estado está obligado a ceder un 17,5% (unos $ 8 millones) de la coparticipación mensual para abonar a los tenedores de esa serie internacional.
Con la acción de amparo interpuesta en la Justicia por el Poder Ejecutivo, hasta fines de junio esos recursos de garantía serán de libre disponibilidad para la Provincia. Por esa razón, el Ministerio de Economía destinaría unos $ 3 millones para abonar la suma fija a los estatales. El resto de los fondos permitirá financiar el Plan Provincial Complementario de Nutrición.
El programa, elaborado en conjunto por los Ministerios de Economía, de Salud Pública y de Educación, beneficiará a familias en cuyo seno haya niños o adolescentes con grado más complicados de desnutrición.
En la primera etapa del plan se otorgarán cajas (de dos a cuatro por mes) con productos básicos para la alimentación de unas 4.000 personas y su grupo familiar. Los beneficiarios surgirán del censo que efectuó el Siprosa en toda la provincia. El martes, los intendentes y los comisionados rurales, responsables directos de la distribución, recibirán el listado de beneficiarios.
El Ministerio de Economía destinará entre $ 600.000 y $ 1 millón mensual para el plan. Salud Pública elaborará la dieta personalizada, según la gravedad de la desnutrición, mientras que Educación se encargará de hacer un seguimiento del rendimiento escolar del niño. El programa no excluye a beneficiarios de otros planes sociales.
Cúneo Vergés planteó la posibilidad de incorporar en las liquidaciones salariales de este mes un ítem denominado "apoyo social" que consiste en el pago de un monto en dos partes, sin utilizar los tickets Proms. Este será el último ofrecimiento que hará el Gobierno a los sindicalistas, quienes deberán responder esta semana si lo aceptan o no. "Soy optimista en cuanto a una respuesta positiva de los estatales a esta propuesta", dijo a LA GACETA el titular de Economía.
La canasta básica
El pago del apoyo social alcanzaría al 40% del total de agentes públicos (unos 65.000). La idea es beneficiar, con un monto mayor, a aquellos empleados que cobran salarios inferiores a la canasta básica alimentaria, estimada por el PE en $ 320:
El Gobierno otorgaría $ 100 a los estatales que tengan un sueldo bruto inferior a $ 500; es decir, a unos 21.000 estatales.
Para aquellos que cobran hasta $ 600, la asistencia sería de $ 80, mientras que los empleados que perciben hasta $ 700 podrían recibir $ 60. En esta franja estarían otros 9.000 agentes.
Los gremios tienen que definir si es que se incrementa a $ 150 la ayuda a los sectores más bajos del escalafón o si se mantiene el pago para los agentes que cobran hasta $ 700. Entre los beneficiarios de la ayuda social figuran los empleados centralizados, seguridad, comunas rurales, jornalizados y mensualizados.
También incluiría a los municipales del interior. No ingresarían ni los legislativos ni los judiciales, como tampoco los trabajadores de los organismos autárquicos, que poseen otros regímenes laborales.
El pago de la ayuda social a los empleados públicos se hará con fondos que provienen de la garantía del pago de los cupones de los títulos de la deuda pública (eurobonos) que cotizan en el exterior. Por convenio, el Estado está obligado a ceder un 17,5% (unos $ 8 millones) de la coparticipación mensual para abonar a los tenedores de esa serie internacional.
Con la acción de amparo interpuesta en la Justicia por el Poder Ejecutivo, hasta fines de junio esos recursos de garantía serán de libre disponibilidad para la Provincia. Por esa razón, el Ministerio de Economía destinaría unos $ 3 millones para abonar la suma fija a los estatales. El resto de los fondos permitirá financiar el Plan Provincial Complementario de Nutrición.
El programa, elaborado en conjunto por los Ministerios de Economía, de Salud Pública y de Educación, beneficiará a familias en cuyo seno haya niños o adolescentes con grado más complicados de desnutrición.
En la primera etapa del plan se otorgarán cajas (de dos a cuatro por mes) con productos básicos para la alimentación de unas 4.000 personas y su grupo familiar. Los beneficiarios surgirán del censo que efectuó el Siprosa en toda la provincia. El martes, los intendentes y los comisionados rurales, responsables directos de la distribución, recibirán el listado de beneficiarios.
El Ministerio de Economía destinará entre $ 600.000 y $ 1 millón mensual para el plan. Salud Pública elaborará la dieta personalizada, según la gravedad de la desnutrición, mientras que Educación se encargará de hacer un seguimiento del rendimiento escolar del niño. El programa no excluye a beneficiarios de otros planes sociales.
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