Durante tres años, la Justicia sufrió un desgaste sensible por la falta de acuerdo sobre la forma de cubrir las vacantes en los tribunales. La responsabilidad del actual escenario es compartida por los tres poderes del Estado y por el Colegio de Abogados, protagonista de un juego netamente político.
La experiencia indica que no sólo se tiene que sancionar una ley sobre el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), sino que esa norma debe ser la mejor posible para que siente las bases de recomposición de las instituciones..
A la luz del dictamen que llegará al recinto este jueves, la oposición perdió espacio para el debate, que prácticamente se limitará a la forma de elegir el legislador que representará a la minoría y a la opción de una terna o un quinteto para que elija el gobernador.
Sin embargo, hay temas que no están en la palestra. Uno de ellos es el doble voto que tendrán los tres legisladores que integren el CAM a lo largo de todo el proceso de designación de magistrados: primero seleccionarán los candidatos y luego votarán el pliego que mande el Ejecutivo. No sería desacertado que se autoexcluyan de la segunda etapa por haber preopinado, lo que debe figurar en la ley.
Otro asunto es la eventual imposibilidad de cubrir el quinteto de postulantes a elevar al PE, si no hay cinco candidatos que alcancen el puntaje requerido (puede darse que sólo haya cuatro con los requisitos cumplidos). En el proyecto no está previsto cómo se solucionaría ese caso. Ante la misma situación, en la Nación se debe declarar desierto el concurso y convocar a uno nuevo para definir la terna. En ese sentido, se podría pautar que el CAM eleve al Ejecutivo un máximo de cinco postulantes, y un mínimo indispensable de tres.
Es imposible mirar el CAM sin ver también el Jurado de Enjuiciamiento (JE), encargado de destituir magistrados. Si la apertura del oficialismo al consenso es sincera, un gesto ineludible consistiría en que dos de los cinco legisladores del JE surgieran de la oposición: hoy, todos los cargos son ocupados por oficialistas. Esta decisión permitiría, además, descomprimir el frente judicial, ya que la Corte nacional analiza un planteo del colegio profesional en ese mismo sentido.
