La meta de ingresos mensuales sigue en torno de los $ 100 millones

Durante los seis años de gestión del gobernador, José Alperovich, la política tributaria se asentó en actualizar las valuaciones de las propiedades de los tucumanos, en reformar el Código Tributario, con el fin de incorporar nuevas actividades sujetas a gravámenes, y en eliminar algunos beneficios y exenciones que, al criterio del Poder Ejecutivo, no tenían razón de continuar. En dos oportunidades se actualizaron los valores fiscales de las propiedades que incidió en un incremento en el impuesto Inmobiliario. Oficialmente se explicó que cada contribuyente debía pagar de acuerdo con los bienes que poseían. En tres oportunidades se lanzaron moratorias. La última estará vigente hasta el 31 de agosto próximo. Aún más, antes del 14 de ese mes, los dueños de automóviles que residan en Tucumán y que hayan inscripto su vehículo en otra jurisdicción, deberán realizar gestiones para radicarlos en la provincia. Los comerciantes han recibido constantes visitas de los inspectores de Rentas, quienes controlaron la facturación y la situación de los empleados.
Una de las últimas acciones del organismo fue exigirles a los agentes de retención y de percepción que graven las operaciones que realizan los contribuyentes foráneos que compran productos en Tucumán. En los últimos seis años, la recaudación anual de Rentas pasó de  $ 275,2 millones (en 2003) a unos $ 1.079 millones en 2008. Pese a la crisis global, los contribuyentes tucumanos dejaron al fisco provincial unos $ 582,5 millones durante el primer semestre del año. Y se proyecta que, hasta fines de año, Rentas recaudará $ 1.200 millones (promedio mensual de $ 100 millones).
El fin de la moratoria vigente, en tanto, permitirá al organismo avanzar contra aquellos contribuyentes que aún permanecen en mora. De acuerdo con los cálculos oficiales, con el plan de facillidades de pago se intentará alcanzar un compromiso de pago superior a los $ 50 millones. Además, es posible que se activen más de 20.000 ejecuciones judiciales, si los morosos no regularizan su situación.