No cesan las críticas contra el secretario general del PJ, Antonio Guerrero, por haber sugerido que ante una eventual reforma de la Constitución provincial cabría poner en comisión a los magistrados judiciales para revisar sus conductas. La Red de Jueces por la Democracia advirtió que tal mecanismo, de ponerse en marcha, además de constituir un retroceso institucional, generaría una lluvia de juicios indemnizatorios por parte de los afectados.
En una nota, Pedro Roldán Vázquez, Esteban Jerez, Alicia Noli, Miguel Iácono, Manuel López Rougés, Gladys Ríos, María Poliche de Sobrecasas, Carlos Norry, María Elisa Molina y Emilio Herrera Molina recordaron que el único mecanismo constitucional legítimo para remover a jueces es a través de un juicio político.
"Se debe poner coto a las propuestas que violentan la Constitución provincial. El solo hecho de poseer poder político no autoriza a apartarse del programa de la Carta Magna, que rige para todos sin excepción", le respondieron al principal asesor del candidato a gobernador del justicialismo, José Alperovich.
Los magistrados señalaron que los dirigentes o los funcionarios que estén dispuestos a remover sin un juicio político a los jueces, deberían responder personalmente, e incluso con el patrimonio, por el perjuicio que tal actitud genera al sistema republicano y democrático de convivencia.
"De lo contrario -agregaron- se afectaría gravemente el derecho patrimonial del Estado que, conforme a antecedentes existentes, se vería colapsado de juicios entablados oportunamente por los magistrados afectados. Estos están dispuestos a llegar a tribunales internacionales si fuera necesario, para defender la independencia e inamovilidad violada".
Llamada de atención
Los jueces también hicieron otra importante advertencia sobre las consecuencias personales y políticas que debe acarrear el insistir en proyectos de dudosa legalidad. "Hasta la fecha no se ha responsabilizado o condenado patrimonialmente a aquellos funcionarios cuyas decisiones afectaron seriamente las arcas del Estado, con decisiones irresponsables e ilegítimas. Pero ello no implica que el derecho no pueda ser ejercitado y concretado contra ellos, incluso ante tribunales internacionales si fuera necesario, conforme la abundante jurisprudencia que hay en tal sentido", concluyeron los magistrados.
En una nota, Pedro Roldán Vázquez, Esteban Jerez, Alicia Noli, Miguel Iácono, Manuel López Rougés, Gladys Ríos, María Poliche de Sobrecasas, Carlos Norry, María Elisa Molina y Emilio Herrera Molina recordaron que el único mecanismo constitucional legítimo para remover a jueces es a través de un juicio político.
"Se debe poner coto a las propuestas que violentan la Constitución provincial. El solo hecho de poseer poder político no autoriza a apartarse del programa de la Carta Magna, que rige para todos sin excepción", le respondieron al principal asesor del candidato a gobernador del justicialismo, José Alperovich.
Los magistrados señalaron que los dirigentes o los funcionarios que estén dispuestos a remover sin un juicio político a los jueces, deberían responder personalmente, e incluso con el patrimonio, por el perjuicio que tal actitud genera al sistema republicano y democrático de convivencia.
"De lo contrario -agregaron- se afectaría gravemente el derecho patrimonial del Estado que, conforme a antecedentes existentes, se vería colapsado de juicios entablados oportunamente por los magistrados afectados. Estos están dispuestos a llegar a tribunales internacionales si fuera necesario, para defender la independencia e inamovilidad violada".
Llamada de atención
Los jueces también hicieron otra importante advertencia sobre las consecuencias personales y políticas que debe acarrear el insistir en proyectos de dudosa legalidad. "Hasta la fecha no se ha responsabilizado o condenado patrimonialmente a aquellos funcionarios cuyas decisiones afectaron seriamente las arcas del Estado, con decisiones irresponsables e ilegítimas. Pero ello no implica que el derecho no pueda ser ejercitado y concretado contra ellos, incluso ante tribunales internacionales si fuera necesario, conforme la abundante jurisprudencia que hay en tal sentido", concluyeron los magistrados.
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