La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se abra una investigación sumaria jurisdiccional al legislador Gustavo Rojas Alcorta. El ex republicano es imputado en la causa que investiga el supuesto daño al erario público. Presuntamente, habría pagado con fondos estatales de publicidad la defensa del juicio político al que fue sometido en 1998 el ex gobernador Antonio Bussi.
Rojas Alcorta se desempeñó durante la gestión de Bussi como secretario general de la Gobernación. El fiscal Esteban Jerez lo acusa de haber incurrido en los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.
El primer ilícito está tipificado en el artículo 248 del Código Penal y reprime con prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, al funcionario público que no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumben.
Respecto de la aparente malversación (usar fondos para un destino distinto del que tiene asignado), el artículo 260 de ese digesto contempla la inhabilitación especial de un mes a tres años, con la posibilidad de establecer una multa que vaya del 20% al 50% de la cantidad que pueda haberse afectado.
En el requerimiento elevado al juez penal Víctor Pérez, se imputan también a Silvia Bollea de De la Orden (fue la sucesora de Rojas Alcorta en el cargo), al abogado Juan Carlos Malek y al contador Francisco Núñez. Estos desempeñaron tareas profesionales en la Secretaría General de la Gobernación.
Rojas Alcorta se desempeñó durante la gestión de Bussi como secretario general de la Gobernación. El fiscal Esteban Jerez lo acusa de haber incurrido en los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario y malversación de caudales públicos.
El primer ilícito está tipificado en el artículo 248 del Código Penal y reprime con prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, al funcionario público que no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumben.
Respecto de la aparente malversación (usar fondos para un destino distinto del que tiene asignado), el artículo 260 de ese digesto contempla la inhabilitación especial de un mes a tres años, con la posibilidad de establecer una multa que vaya del 20% al 50% de la cantidad que pueda haberse afectado.
En el requerimiento elevado al juez penal Víctor Pérez, se imputan también a Silvia Bollea de De la Orden (fue la sucesora de Rojas Alcorta en el cargo), al abogado Juan Carlos Malek y al contador Francisco Núñez. Estos desempeñaron tareas profesionales en la Secretaría General de la Gobernación.
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