"La violencia que generaba la subjetividad omnipotente del gobierno de turno en la designación de los magistrados fue impulsando la necesidad de crear los Consejos de la Magistratura y los Jurados de Enjuiciamiento. Cualquier imperfección de estos es menor respecto de aquella violencia". (Enrique Pereira Duarte, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados).
"La conformación del Consejo de la Magistratura no puede depender de la voluntad del Poder Ejecutivo, como permitía la Constitución de Tucumán de 2006. Tal cosa implicaría poner en manos de un órgano político-partidario la determinación de otro órgano, concebido para avanzar en una selección objetiva y despolitizada de los futuros jueces. Esa disposición rompe el espíritu de la Constitución y es inconstitucional". (María Gabriela Abalos, constitucionalista mendocina).
"Cuando estaba en el Consejo, iniciamos una actuación contra un juez que se construía una casa con una hermosa vista marítima y que, además, estaba ?colgado? del sistema de alumbrado público. Por esto último sólo ya no podía seguir siendo juez, y lo sostuve, pero otro consejero, en el oído, me dijo: ?me pidió por él fulano de tal?". (Beinusz Szmukler, ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación).
"Como la Ley 26.080 permitió que siete de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, y cuatro de los siete en el Jurado de Enjuiciamiento, respondan al estamento político, ahora, un juez amigo del poder tiene absolutamente garantizada su impunidad. Sin equilibrio, el Consejo padece una grave dependencia en términos institucionales". (Pablo Mosca, representante de los abogados en el Consejo).
"En la crítica coyuntura, recurriendo al uso de sus atribuciones o poderes implícitos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán podría cubrir la treintena de cargos vacantes. El funcionamiento de la Justicia es responsabilidad de todos los poderes, pero cuando ni la Legislatura ni el Poder Ejecutivo resuelven lo que corresponde (la integración del CAM), la Corte no puede cerrar los ojos y que no funcione la Justicia". (Szmukler).
"La conformación del Consejo de la Magistratura no puede depender de la voluntad del Poder Ejecutivo, como permitía la Constitución de Tucumán de 2006. Tal cosa implicaría poner en manos de un órgano político-partidario la determinación de otro órgano, concebido para avanzar en una selección objetiva y despolitizada de los futuros jueces. Esa disposición rompe el espíritu de la Constitución y es inconstitucional". (María Gabriela Abalos, constitucionalista mendocina).
"Cuando estaba en el Consejo, iniciamos una actuación contra un juez que se construía una casa con una hermosa vista marítima y que, además, estaba ?colgado? del sistema de alumbrado público. Por esto último sólo ya no podía seguir siendo juez, y lo sostuve, pero otro consejero, en el oído, me dijo: ?me pidió por él fulano de tal?". (Beinusz Szmukler, ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación).
"Como la Ley 26.080 permitió que siete de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, y cuatro de los siete en el Jurado de Enjuiciamiento, respondan al estamento político, ahora, un juez amigo del poder tiene absolutamente garantizada su impunidad. Sin equilibrio, el Consejo padece una grave dependencia en términos institucionales". (Pablo Mosca, representante de los abogados en el Consejo).
"En la crítica coyuntura, recurriendo al uso de sus atribuciones o poderes implícitos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán podría cubrir la treintena de cargos vacantes. El funcionamiento de la Justicia es responsabilidad de todos los poderes, pero cuando ni la Legislatura ni el Poder Ejecutivo resuelven lo que corresponde (la integración del CAM), la Corte no puede cerrar los ojos y que no funcione la Justicia". (Szmukler).








