"El CAM surgió para que los jueces no dependan del poder gobernante"

CORDOBA (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- Leandro Despouy, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU) sobre independencia de magistrados y abogados, sigue con preocupación la situación suscitada en Tucumán por la demora en organizar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y por la falta de cobertura de una treintena de cargos en el Poder Judicial. Por eso, no duda en advertir: "la diversidad de violaciones a los principios establecidos en los pactos suscriptos por la Argentina autorizaría a que instancias internacionales puedan intervenir, solicitar o exigir las rectificaciones del caso. El Estado nacional es el responsable de lo que pasa en las provincias".
Antes de viajar en una misión a Guatemala, el letrado participó en esta ciudad del congreso nacional titulado "El abogado en la defensa del sistema republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento", ocasión en la que dialogó con LA GACETA. Despouy conoce muy bien lo que pasa en Tucumán, porque en 2006 visitó la provincia en virtud de los intentos del oficialismo de privar al Colegio de Abogados del control de la matrícula profesional.    

-¿Le preocupa lo que ocurre en Tucumán con la Justicia?
-Noto con preocupación que muchos disertantes la citan como un ejemplo de cómo el deterioro, en relación con el Poder Judicial, se está acentuando. Se insiste mucho en deformaciones como la de la reforma de la Constitución de 2006 que, excediendo el mandato de la ley que la había habilitado, facultó al Poder Ejecutivo a que organizara por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Esta intromisión del Poder Ejecutivo en una esfera tan delicada para la independencia del Poder Judicial, como lo es el CAM, tiene incidencia negativa en todo el funcionamiento de la Justicia.

-¿Qué opina de que haya tantos cargos vacantes y que se demore la integración del CAM?
-Si bien esto se registra en varias provincias, en Tucumán es particularmente grave. Parecería que la inacción de los otros poderes del Estado tendría como consecuencia no sólo una interferencia en el desempeño de la judicatura, sino también en la reconstrucción y normalización del propio aparato judicial. Lo que es peor: eso generaría una especie de disfunción crónica de la Justicia, que le impediría cumplir con eficiencia tan importante función para la sociedad tucumana.

-¿En Tucumán ahora hay quienes promueven la tesis de que los abogados no formen parte del futuro CAM?
-¡Pero si la tendencia universal es hacia una mayor presencia en ellos de los estamentos vinculados a la Justicia, en particular, jueces, abogados y catedráticos, y en menor medida de los representantes del estamento político! Los Consejos fueron creados, justamente, para lograr una representación equilibrada de todos los sectores que tienen que ver con la Justicia, con el fin de preservarla y de evitar que su conformación sea fruto exclusivo del poder político. Más aún: diría que surgieron para que los jueces no dependan directamente del poder gobernante.

-¿Lo que sucede en Tucumán puede dar lugar a la actuación de organismos internacionales?
-Cualquier violación a los principios del derecho internacional que un país ha suscripto genera, automáticamente, la posibilidad de que desde las instancias internacionales puedan aplicarse censuras o establecerse responsabilidades respecto del Estado nacional en que se haya producido la violación. Estoy preocupado por la frecuencia en que los juristas citan  Tucumán como uno de los malos ejemplos en materia judicial. Hay factores que merecerían ser examinados para ver si no encuadran dentro de las desviaciones que merezcan censura internacional.