Aunque habría que concretar una necesaria actualización por los meses transcurridos, la Junta Electoral de la Provincia (JEP) dispone desde setiembre del año pasado del padrón de abogados que, entonces, estaban en condiciones de ejercer la profesión.
Este instrumento resulta fundamental si el gobernador, José Alperovich, finalmente, decide convocar a los letrados a que, por medio de elecciones directas, secretas y obligatorias, elijan su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE).
Este tema genera controversia, porque las entidades que agrupan a los profesionales del derecho han cuestionado judicialmente la forma en que la Constitución reformada en 2006 organizó este órgano. El JE tiene por función nada menos que sustanciar los procesos de remoción que se abran contra los jueces inferiores (no incluye a los vocales de la Corte Suprema de Justicia provincial), los fiscales y los defensores oficiales.
En estos momentos, en la Junta Electoral (la preside el titular de la Corte, Antonio Gandur) cuentan con una nómina que incluye a 4.294 abogados en condiciones de sufragar por quienes, en el caso de un llamado del Poder Ejecutivo, se postularan para representarlos ante el jurado en el carácter de titular y de suplente, respectivamente. La cifra se compone de 3.739 inscriptos en el colegio profesional de esta capital y 555 en el del sur.
Quienes decidieran nominarse, según el artículo 126 de la Carta Magna, sólo deberían acreditar los requisitos exigidos para ser vocal del alto tribunal; es decir, que tengan 40 años cumplidos y, por lo menos, 15 años de ejercicio libre de la profesión.
La JEP cuenta con este padrón provisorio, porque el 11 de setiembre de 2008, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, el oficialista Antonio Raed, por medio de una nota, solicitó que le informaran qué tiempo iba a demandar la confección del listado de los letrados en condiciones de sufragar.
Como consecuencia, inmediatamente, el órgano de control electoral requirió a los dos colegios de abogados de la provincia que le enviarán las nóminas de los habilitados para el ejercicio de la profesión. El 16 de setiembre respondió la institución que agrupa a los letrados del sur y dos días más tarde hizo lo mismo la entidad con sede en esta capital. Asimismo, igual información se pidió a la Secretaría de Superintendencia de la Corte, porque ante este tribunal deben jurar quienes se matriculan. Mientras tanto, el 17 de setiembre del año pasado, se fijó un plazo de 30 días para que concurrieran a inscribirse quienes hubieran resultado omitidos en los listados, hecho que se publicó mediante edictos -durante dos días- en el Boletín Oficial y en medios gráficos de la provincia.
