El constitucionalista Alberto Bianchi no tiene dudas. “No sólo no hay ningún obstáculo para organizar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por medio de una ley, sino que, en realidad, existe la obligación de la Legislatura de cumplir las resultas, consecuencias o derivaciones de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia provincial”, aseguró a LA GACETA desde la Capital Federal.
El reconocido jurista ha asesorado al Colegio de Abogados de Tucumán en una causa judicial de gran trascendencia institucional; aquella en la que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en un histórico pronunciamiento, concluyó que la Convención Constituyente que reformó la Carta Magna en 2006 se había excedido en sus potestades al haber facultado al Poder Ejecutivo a que integrara discrecionalmente -por decreto- el CAM.
Esta atribución concedida al gobernador, precisamente, fue declarada nula e inconstitucional por medio de una sentencia que, en este punto, fue confirmada por el máximo tribunal de Tucumán.
Habiendo quedado bloqueada la posibilidad de que el PE pueda conformar el CAM, se le preguntó a Bianchi si el Colegio de Abogados cuenta con alguna vía procesal para exigir que la Legislatura ponga en funcionamiento este órgano para que se encargue de seleccionar (mediante concursos públicos) a los interesados en ingresar a la judicatura. “Podría intentarse con pedir a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le fije un plazo prudencial a la Legislatura para que subsane esta mora y sancione una ley teniendo en cuenta la interpretación que se ha hecho sobre el artículo 101, inciso 5 de la Constitución (relacionado con el CAM). Es una obligación constitucional de la Legislatura aprobar una norma en ese sentido”, respondió.
Precisamente, una de las comisiones internas de la entidad profesional está estudiando la viabilidad de impulsar alguna forma de ejecución o de cumplimiento de la sentencia, pese a su carácter declarativo (en este caso, declarativo de la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición de la propia Constitución provincial). Otra variante judicial es la de articular una acción de amparo por supuesta mora legislativa.
La otra posición
A diferencia de lo que sostienen los abogados, desde que se conoció el fallo de la Corte, en agosto de 2008, entre los oficialistas ha dominado otra tesis. Argumentan que sólo una nueva reforma constitucional puede determinar en el futuro qué composición tendrá el CAM. Por eso, desde entonces han insistido en que, a lo sumo, se puede fijar un mecanismo que, para cubrir la treintena de cargos vacantes en el Poder Judicial, permita la designación de jueces provisorios o subrogantes.
Esto es, precisamente, lo que intentaron mediante la sanción de la Ley 8.136, que autorizaba a que los poderes políticos nombraran directamente magistrados transitorios sin una selección previa que permitiera sopesar la idoneidad de los elegidos.
No obstante, una medida cautelar dictada por el camarista en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, frenó en diciembre la aplicación de este sistema.
