La reunión de hoy entre los abogados y Francisco Sassi Colombres, representante del vicegobernador Juan Manzur, marcó un avance para dirimir las diferencias sobre los cargos acéfalos en la Justicia.
Ambas partes coincidieron en la importancia del diálogo, pero mantuvieron su postura respecto del conflicto. Los letrados insistieron en la integración de un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para seleccionar los jueces subrogantes. Por su parte, Sassi Colombres expresó la iniciativa del Poder Ejecutivo de cubrir los cargos acéfalos mediante un sistema transparente.
El encuentro se realizó en la sede del Colegio de Abogados de la capital y estuvieron presentes el consejero de la institución, Jorge Contrera, y el tesorero Juan Gómez Romero. También participaron las autoridades del Colegio de Abogados del Sur, el presidente, Alejandro Molinuevo, y el vicepresidente, Sergio Faiad.
La de hoy fue la segunda entrevista, porque la primera tuvo lugar hace una semana, cuando representantes de los letrados visitaron a Manzur en la Casa de Gobierno que, por el viaje a España de José Alperovich, se encontraba al frente del Poder Ejecutivo.
La polémica radica en que el oficialismo pretende que el acuerdo con los abogados se limite a la selección y designación de jueces subrogantes, para que una futura reforma de la Constitución defina la integración definitiva del CAM.
Una controversia de larga data
Desde julio de 2006, los representantes de los abogados no visitaban la Casa de Gobierno, como consecuencia de la controversia judicial que la entidad profesional de la capital mantiene con el Gobierno.
La cantidad de vacantes por cubrir (suman 32) se debe, principalmente, al hecho de que, desde mediados de 2008, numerosos jueces iniciaron los trámites para jubilarse luego de que la provincia consiguió que, al igual que los federales, pudieran retirarse con el beneficio del 82 %.
El 21 de diciembre de 2008, Rodolfo Novillo, camarista en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar por la que prohibió la aplicación de la Ley 8.136, que permitía a los poderes políticos designar directamente, sin ningún mecanismo de selección previa, jueces provisorios o subrogantes.
La Ley 8.136 había sido sancionada, porque, en estos momentos, en Tucumán no se pueden designar jueces en forma definitiva, como consecuencia de la causa que enfrenta al Colegio de Abogados y al Gobierno sobre la constitucionalidad de normas de la Carta Magna reformada en 2006. LA GACETA ©
