Un rico debate ha generado la cuestión de si la Corte Suprema de Justicia debe fijar o sugerir alguna pauta para avanzar en la resolución del problema de la cobertura de la treintena de vacantes que hay en los Tribunales. Esta discusión surge, precisamente, en momentos en que representantes de los dos colegios de abogados (el de la capital y el del sur) se preparan para conversar sobre este tema con Francisco Sassi Colombres, que fue designado como interlocutor del vicegobernador, Juan Manzur.
Precisamente, Sassi Colombres consideró que sería muy importante la opinión que el alto tribunal pudiera brindar. Antes, el legislador radical José Cano había solicitado formalmente a la Corte que expusiera su criterio, en la convicción de que esto constituirá la piedra angular para sustentar cualquier solución al problema.
El artículo 13, inciso 27 de la Ley Orgánica de Tribunales faculta a la Corte Suprema para que, en el uso de sus facultades de superintendencia, por intermedio del Poder Ejecutivo, eleve a la Legislatura proyectos de leyes relacionados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial. No obstante, hay quienes sostienen que, dada la polémica que rodea a la cuestión de la cobertura de las vacantes, si el alto tribunal adelantara o deslizara una posición, podría posteriormente verse inhibido -al menos los vocales que lo hicieran- de resolver los planteos que pudieran formularse contra una eventual ley que autorizara la selección de jueces subrogantes o, bien, la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
El diputado justicialista Alfredo Dato, ex miembro del alto tribunal, no recuerda que la Corte haya utilizado la facultad que le concede el artículo 16, inciso 27 de la Ley Orgánica. "Si bien esta potestad está constreñida a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la Corte es razonablemente mezquina en opinar sobre la formación de leyes, porque quedaría atada de manos si luego tuviera que intervenir en materia jurisdiccional", afirmó.
El actual legislador agregó que el antecedente más relevante es la acordada por la que, en 2006, ante una consulta de la Legislatura, la Corte se opuso a la creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
Pese a sus observaciones, Dato está persuadido de que, dada la gravedad del problema, la Corte tiene que pronunciarse. "Podría hacer alguna sugerencia, pero ceñida estrictamente a lo relacionado con la designación de jueces subrogantes o transitorios, porque sobre los definitivos ya se ha pronunciado en la causa promovida por el Colegio de Abogados. De esta forma, priorizaría el servicio de justicia antes que una eventual intervención suya, a mediano plazo, en una causa judicial concreta", manifestó.
Severa advertencia
Diferente es la posición de Juan Carlos Veiga (integró la Corte entre 1991 y 1995), quien admite que el alto tribunal debe tener diálogo con el Poder Ejecutivo, sobre todo en los temas relacionados con el Poder Judicial. "Lo que la Corte no puede hacer, porque no es su competencia, es redactar normas; a lo sumo puede sentar un criterio. Pero en las actuales circunstancias, todo diálogo -o todo contacto- se ve comprometido porque, al tener estado judicial la cuestión, podría llegar a la Corte para su juzgamiento. Entonces, podría interpretarse que ella está prejuzgando. Esto es ya una limitante. Quizá si se hubiese dialogado antes, hubiese sido factible; ahora es delicado y de riesgo", advirtió.
Esteban Jerez, que también integró el Poder Judicial (fue fiscal anticorrupción hasta abril de 2003), alertó que el oficialismo ha introducido astutamente la cuestión de la posible selección de jueces temporarios o subrogantes. "Tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo se deberían abocar al estudio de una ley para conformar definitivamente el CAM. Ya hay un fallo (de la Corte) y hay que respetarlo", se quejó.
El legislador opositor fue terminante: "la Corte, por medio de su sentencia (del 8 de setiembre de 2006), ya habló. Que el Ejecutivo motorice una ley (sobre subrogancias) y que la involucre, diciendo que hará lo que ella sugiera, es inadecuado. La Corte es, precisamente, la intérprete última de las leyes. Involucrar al poder controlador en el objeto que debe controlar es altamente inconveniente. La Corte debería mantener su independencia a través de los fallos", expresó.
