Ayer, tanto en el Colegio de Abogados como en el Gobierno, se comentó la sentencia que hace casi tres años pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta, a propósito de una acción promovida por el Colegio de Abogados de Tucumán, recordó que todo lo concerniente a los sistemas de selección y remoción de magistrados concierne exclusivamente a las provincias en virtud de la autonomía de la que gozan.
La demanda de la entidad profesional pretendía que se declarara inconstitucional -entre otros- el decreto 24/1, de 2003. Por medio de este y antes de la reforma constitucional de 2006, el gobernador José Alperovich estableció un nuevo mecanismo para la selección de los aspirantes a jueces luego de haber suprimido el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Este había funcionado desde 1991 con representantes de la Corte Suprema de la provincia, del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.
Cada vez que se producía una vacante en la Justicia, el CAM elevaba una terna de posibles reemplazantes al Poder Ejecutivo para que este eligiera a uno y luego solicitara el correspondiente acuerdo a la Legislatura.
Con el argumento de que había que acabar con las corporaciones, Alperovich eliminó el CAM y reasumió nuevamente la plena facultad, que entonces preveía la Constitución de 1990, de proponer directamente candidatos a la Legislatura. El decreto cuestionado sólo regulaba la apertura de un registro para que se inscribieran eventuales postulantes a la judicatura, así como la posibilidad de que la ciudadanía formulara observaciones -no tenían carácter vinculante para el Poder Ejecutivo- sobre los aspirantes.
Argumentos
En el planteo ante la Corte de la Nación, los abogados esgrimieron que el sistema previsto por el decreto 24/1 no garantizaba que los futuros jueces fueran idóneos, independientes e imparciales.
No obstante, el 28 de marzo de 2006, el alto tribunal del país resolvió que la pretensión era completamente ajena a su competencia originaria, por lo que debía ser rechazada. La sentencia fue firmada por Enrique Petracchi, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay (con un voto propio).
La mayoría de la Corte hizo suyo en su totalidad el dictamen del procurador fiscal subrogante de la Nación, Ricardo Bausset. Este había concluido: “las provincias, en virtud de su autonomía, tienen competencia privativa y excluyente para establecer los procedimientos y condiciones para la elección, nombramiento y remoción de funcionarios, cuestiones que se rigen por la Constitución y leyes provinciales, por lo que, a su respecto, no corresponde, en principio, el control y la intervención del tribunal (por la Corte)”.
Bausset también aclaró que no cambiaba las cosas el hecho de que los abogados hubieran invocado una supuesta violación de la Constitución y de los tratados internacionales. “La cuestión federal no es la predominante en la causa, pues la solución del pleito exige el tratamiento de instituciones de Derecho Público local y el examen de actos administrativos dictados por las autoridades provinciales”, aseveró.
