El ritmo y la agenda del Poder Legislativo en la provincia es impuesto por el Poder Ejecutivo. Así lo consigna un estudio realizado por LA GACETA sobre la totalidad de los proyectos aprobados por la Cámara durante la gestión del gobernador Julio Miranda.
El relevamiento detalla que, sobre un total de 284 proyectos de Ley sancionados, 111 tuvieron origen en el Ejecutivo provincial y el resto fue impulsado por legisladores de distintas bancadas. La cifra, aunque muestra una diferencia a favor de los parlamentarios, marca la fuerte presencia del Gobierno en la actividad legislativa. Al menos, una de cada tres iniciativas fue del PE. Esto abre un debate sobre la división de poderes y la función de los representantes del pueblo en el modelo tucumano de democracia.
La polémica se profundiza cuando se analiza el área de influencia de cada ley. Los proyectos propuestos desde la Casa de Gobierno impusieron el temario de discusión política de los últimos tres años.
Desde el 8 de noviembre de 1999, cuando solicitó la declaración de emergencia económica y la consolidación de deudas, el gobierno de Miranda marcó la pauta en las cuestiones vinculadas a las finanzas y al manejo de la administración pública. Como ejemplo se puede mencionar que la ley que convalida la prórroga del contrato de los tickets Proms, sancionada el pasado miércoles, aunque fue redactada en la comisión de Hacienda, tuvo como base un decreto del Ejecutivo.
En este contexto, juega un papel clave la mayoría conseguida por el justicialismo, que además de contar con la bancada más numerosa de la Legislatura, suma el apoyo de los legisladores del Movimiento Independiente, del ex radical Juan Vildoza, del ex republicano Mariano Poliche y de Javier Lobo Aragón, del VOS. El fenómeno también puede explicarse en el marco de una tradición histórica de la estructura de poder en la Argentina, en la que la figura individual del Ejecutivo es la que conduce por sobre la diversidad del Parlamento.
Este papel desbordante del PE se agudizó durante los últimos años, cuando la crisis económica alteró el discurso político hasta el límite de no admitir opciones en las acciones de gestión. "Es esto o el caos", se transformó en una muletilla, que justificó el acompañamiento de oficialistas y de opositores a las iniciativas de la administración financiera.
La comparación con la anterior Cámara sustenta este análisis. Antonio Bussi no tenía mayoría parlamentaria, pero consiguió el apoyo para la mayoría de las leyes vinculadas a la cuestión económica. Sin embargo, el ex gobernador fue enfrentado por el cuerpo, que le inició un juicio político y llegó a suspenderlo.Otra práctica reiterada del Poder Ejecutivo en su relación con la Legislatura, es la utilización de decretos de necesidad y urgencia. La facultad de colegislador del gobernador es legalmente reconocida, pero su práctica en temas clave ha sido cuestionada por los hombres de la oposición. La actual Cámara aprobó 35 de estos instrumentos.
El relevamiento detalla que, sobre un total de 284 proyectos de Ley sancionados, 111 tuvieron origen en el Ejecutivo provincial y el resto fue impulsado por legisladores de distintas bancadas. La cifra, aunque muestra una diferencia a favor de los parlamentarios, marca la fuerte presencia del Gobierno en la actividad legislativa. Al menos, una de cada tres iniciativas fue del PE. Esto abre un debate sobre la división de poderes y la función de los representantes del pueblo en el modelo tucumano de democracia.
La polémica se profundiza cuando se analiza el área de influencia de cada ley. Los proyectos propuestos desde la Casa de Gobierno impusieron el temario de discusión política de los últimos tres años.
Desde el 8 de noviembre de 1999, cuando solicitó la declaración de emergencia económica y la consolidación de deudas, el gobierno de Miranda marcó la pauta en las cuestiones vinculadas a las finanzas y al manejo de la administración pública. Como ejemplo se puede mencionar que la ley que convalida la prórroga del contrato de los tickets Proms, sancionada el pasado miércoles, aunque fue redactada en la comisión de Hacienda, tuvo como base un decreto del Ejecutivo.
En este contexto, juega un papel clave la mayoría conseguida por el justicialismo, que además de contar con la bancada más numerosa de la Legislatura, suma el apoyo de los legisladores del Movimiento Independiente, del ex radical Juan Vildoza, del ex republicano Mariano Poliche y de Javier Lobo Aragón, del VOS. El fenómeno también puede explicarse en el marco de una tradición histórica de la estructura de poder en la Argentina, en la que la figura individual del Ejecutivo es la que conduce por sobre la diversidad del Parlamento.
Este papel desbordante del PE se agudizó durante los últimos años, cuando la crisis económica alteró el discurso político hasta el límite de no admitir opciones en las acciones de gestión. "Es esto o el caos", se transformó en una muletilla, que justificó el acompañamiento de oficialistas y de opositores a las iniciativas de la administración financiera.
La comparación con la anterior Cámara sustenta este análisis. Antonio Bussi no tenía mayoría parlamentaria, pero consiguió el apoyo para la mayoría de las leyes vinculadas a la cuestión económica. Sin embargo, el ex gobernador fue enfrentado por el cuerpo, que le inició un juicio político y llegó a suspenderlo.Otra práctica reiterada del Poder Ejecutivo en su relación con la Legislatura, es la utilización de decretos de necesidad y urgencia. La facultad de colegislador del gobernador es legalmente reconocida, pero su práctica en temas clave ha sido cuestionada por los hombres de la oposición. La actual Cámara aprobó 35 de estos instrumentos.
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