El mirandismo debió recurrir nuevamente a la negociación personal -legislador por legislador- para conseguir, en los primeros minutos de ayer, que se aprobara una ley que convalida las acciones del Gobierno basadas en el "decreto ómnibus".
Luego de que a las 19.30 del miércoles la sesión se quedó sin quórum y con sólo 18 legisladores en sus bancas, el oficialismo logró convencer a Claudia Herrera (PJ) y a Mariano Poliche (Vanguardia Provincial) de que volvieran al recinto, a las 23.30, para la segunda sesión. Ambos habían almorzado en la Cámara, pero a la hora de la votación vespertina, Poliche había optado por quedarse en el comedor y Herrera se había ido.Además de estos dos parlamentarios, el peronismo sumó a Adriana Neske de Gutiérrez (Movimiento Independiente), con quien reunió los 21 votos con que garantizó el quórum y el número necesario para imponer su proyecto de ley, lo que efectivamente ocurrió a la 0.07.
Lo que quedó firme
El decreto del Poder Ejecutivo no fue ratificado porque la Legislatura modificó algunas de sus disposiciones. Estos instrumentos, justamente, sólo pueden ser respaldados al pie de la letra o rechazados de plano.
El PE había dispuesto que el escalafón de los trabajadores estatales siguiera congelado hasta 2004, pero la Cámara determinó que fuera restablecido. Conforme a lo indicado en la ley original, volverá a estar vigente el incremento del adicional por antigüedad, pero a los valores del momento en que comenzó a regir la interrupción. Es decir, no se computará ni se acumulará el 2% que no se pagó en 2000, en 2001 ni en 2002.
El pago del 20% de los salarios de los empleados públicos con tickets de la firma Proms también fue prorrogado, pero no hasta fin de año, como lo había dispuesto el Gobierno, sino hasta el próximo 31 de marzo. La ley establece, además, que en ese período el gobierno deberá instrumentar un nuevo servicio de selección de proveedores para la prestación de ese servicio.
El otro cambio que los legisladores aplicaron al decreto de necesidad y urgencia 2.747/3 fue respecto de la fecha de rescate de $ 16 millones en Bocade. El Ministerio de Economía había indicado que el retiro de ese circulante tendría lugar en marzo de 2004, pero el Poder Legislativo dejó ayer como fecha firme el próximo 31 de mayo. Esto se debe a las tratativas que se mantienen con la Nación para que se retiren, de una sola vez, todos los bonos de la plaza. Incluso, se indica que el plazo para el retiro de esta cuasi moneda provincial puede adelantarse, en caso de que el Gobierno central provea, anticipadamente, del financiamiento específico.
Paro en puerta
Los gremios estatales que el miércoles se movilizaron a la Legislatura prometieron iniciar un plan de lucha para que el Gobierno no ponga en vigencia la ley sancionada por la Cámara.
Los representantes de ATE, de Sutep, de Vialidad, de los docentes estatales y de los desocupados nucleados en la Corriente Clasista y Combativa adelantaron que iniciarán una serie de plenarios para coordinar las medidas de fuerza.La amenaza del paro general y de los cortes de ruta con piquetes fueron el común denominador.
Los estatales reciben los tickets desde hace tres años
ORIGEN.- El Poder Ejecutivo aplicó en 2000 el sistema de pago de entre el 19,7% y el 20% del salario estatal con tickets solidarios. Por ese porcentaje, el Estado no efectúa los aportes previsionales, salvo de aquellos agentes que están próximos a jubilarse. Cuando se tomó la decisión de aplicar este sistema de pago, el PE había establecido que sólo los usaría durante 10 meses, pero el régimen sigue vigente.
CANTIDAD.- Todos los meses, el Poder Ejecutivo adelanta casi el 20% del salario y de los dos aguinaldos con los vales alimentarios. El gasto representa alrededor de $ 6 millones mensuales.
EMISORAS.- El primer pago con vales a los empleados públicos se efectuó el 27 de febrero de 2000, 15 días después de que la Legislatura sancionó la ley 7007 que los creaba. Dos empresas se adjudicaron la emisión de los instrumentos: Luncheon Tickets y Accor (Ticket Canasta).
RENEGOCIACION.- A principios del año pasado, el Poder Ejecutivo decidió renegociar el contrato con las proveedoras de los tickets. Según se argumentó oficialmente en aquel momento, las anteriores firmas no querían recibir bonos, ante la escasez de efectivo en Tucumán. El Gobierno le otorgó el servicio a Proms que, por segundo año consecutivo, imprimirá los documentos.
La resolución de la Cámara abrió un debate jurídico
La aprobación de una ley que ratifica los puntos centrales del decreto "ómnibus", pero que lo excede en su contenido original, abrió un complejo laberinto de interpretaciones jurídicas.
El origen de la discusión se sitúa en el 30 de diciembre, cuando el cuestionado decreto ingresó por mesa de entradas de la Cámara. Tomando esa fecha, el plazo de 20 días hábiles para su ratificación -fijado por la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia- habría caducado el 29 de enero, cuando aún no había acuerdo para aprobar la norma.
El interbloque opositor y el frente de gremios estatales denunciaron que el oficialismo había cambiado la fecha al 8 de enero, extendiendo el plazo para aprobación hasta el miércoles a la medianoche. La denuncia judicial obligó a un cambio de estrategia de los partidarios del gobierno, quienes optaron por ampliar la resolución firmada para no ratificarla expresamente.
La ley aprobada prorroga los vales y descongela el escalafón, pero también suspende parte del Fondo de Desarrollo del Interior y extiende el plazo para el retiro de $ 16 millones de Bocade.
LA GACETA consultó a tres especialistas en derecho administrativo, quienes coincidieron en mencionar que el asunto admite varias interpretaciones sobre la competencia de cada poder, pero no puede cuestionarse la facultad de la Cámara para legislar sobre estas cuestiones.
El frente de gremios pide la nulidad de la convocatoria
El frente de gremios estatales pedirá a la Justicia que declare la nulidad de la sesión legislativa que ratificó la vigencia de los tickets Proms. Los trabajadores consideran que las citaciones para esa reunión se realizaron violando el reglamento del cuerpo y amparándose en un decreto que, a la hora de la aprobación de la ley, ya habría caducado.
Las expectativas de los estatales sufrieron ayer otro golpe. El juez penal Alfonso Zottoli rechazó la medida cautelar que habían interpuesto contra el cuestionado decreto ómnibus.
Los gremios anticiparon que insistirán con el planteo y recusarán a Zottoli -quien subrogó a Eudoro Albo- por su presunta vinculación con el Gobierno. "No esperábamos algo favorable de un magistrado que tiene la balanza con peso propio", aseguró Martín Rodríguez (ATE). Carlos Arnedo (UDT) recordó que las sentencias del magistrado siempre favorecen al Ejecutivo.
Por el rechazo de la cautelar, la causa regresó al fiscal anticorrupción Esteban Jerez, quien hoy podría pedir el secuestro de documentación probatoria en la mesa de entradas de la Cámara.
Jerez recibió ayer a Rodríguez, a José Teri (Vialidad), a Vicente Ruiz (Municipales del Interior), y a Gustavo Salas Correa (Previsión Social), quienes ampliaron la denuncia por presunta adulteración de documento público. Los sindicalistas aseguran que el Gobierno cambio la fecha del decreto para impedir su caducidad.
Luego de que a las 19.30 del miércoles la sesión se quedó sin quórum y con sólo 18 legisladores en sus bancas, el oficialismo logró convencer a Claudia Herrera (PJ) y a Mariano Poliche (Vanguardia Provincial) de que volvieran al recinto, a las 23.30, para la segunda sesión. Ambos habían almorzado en la Cámara, pero a la hora de la votación vespertina, Poliche había optado por quedarse en el comedor y Herrera se había ido.Además de estos dos parlamentarios, el peronismo sumó a Adriana Neske de Gutiérrez (Movimiento Independiente), con quien reunió los 21 votos con que garantizó el quórum y el número necesario para imponer su proyecto de ley, lo que efectivamente ocurrió a la 0.07.
Lo que quedó firme
El decreto del Poder Ejecutivo no fue ratificado porque la Legislatura modificó algunas de sus disposiciones. Estos instrumentos, justamente, sólo pueden ser respaldados al pie de la letra o rechazados de plano.
El PE había dispuesto que el escalafón de los trabajadores estatales siguiera congelado hasta 2004, pero la Cámara determinó que fuera restablecido. Conforme a lo indicado en la ley original, volverá a estar vigente el incremento del adicional por antigüedad, pero a los valores del momento en que comenzó a regir la interrupción. Es decir, no se computará ni se acumulará el 2% que no se pagó en 2000, en 2001 ni en 2002.
El pago del 20% de los salarios de los empleados públicos con tickets de la firma Proms también fue prorrogado, pero no hasta fin de año, como lo había dispuesto el Gobierno, sino hasta el próximo 31 de marzo. La ley establece, además, que en ese período el gobierno deberá instrumentar un nuevo servicio de selección de proveedores para la prestación de ese servicio.
El otro cambio que los legisladores aplicaron al decreto de necesidad y urgencia 2.747/3 fue respecto de la fecha de rescate de $ 16 millones en Bocade. El Ministerio de Economía había indicado que el retiro de ese circulante tendría lugar en marzo de 2004, pero el Poder Legislativo dejó ayer como fecha firme el próximo 31 de mayo. Esto se debe a las tratativas que se mantienen con la Nación para que se retiren, de una sola vez, todos los bonos de la plaza. Incluso, se indica que el plazo para el retiro de esta cuasi moneda provincial puede adelantarse, en caso de que el Gobierno central provea, anticipadamente, del financiamiento específico.
Paro en puerta
Los gremios estatales que el miércoles se movilizaron a la Legislatura prometieron iniciar un plan de lucha para que el Gobierno no ponga en vigencia la ley sancionada por la Cámara.
Los representantes de ATE, de Sutep, de Vialidad, de los docentes estatales y de los desocupados nucleados en la Corriente Clasista y Combativa adelantaron que iniciarán una serie de plenarios para coordinar las medidas de fuerza.La amenaza del paro general y de los cortes de ruta con piquetes fueron el común denominador.
ORIGEN.- El Poder Ejecutivo aplicó en 2000 el sistema de pago de entre el 19,7% y el 20% del salario estatal con tickets solidarios. Por ese porcentaje, el Estado no efectúa los aportes previsionales, salvo de aquellos agentes que están próximos a jubilarse. Cuando se tomó la decisión de aplicar este sistema de pago, el PE había establecido que sólo los usaría durante 10 meses, pero el régimen sigue vigente.
CANTIDAD.- Todos los meses, el Poder Ejecutivo adelanta casi el 20% del salario y de los dos aguinaldos con los vales alimentarios. El gasto representa alrededor de $ 6 millones mensuales.
EMISORAS.- El primer pago con vales a los empleados públicos se efectuó el 27 de febrero de 2000, 15 días después de que la Legislatura sancionó la ley 7007 que los creaba. Dos empresas se adjudicaron la emisión de los instrumentos: Luncheon Tickets y Accor (Ticket Canasta).
RENEGOCIACION.- A principios del año pasado, el Poder Ejecutivo decidió renegociar el contrato con las proveedoras de los tickets. Según se argumentó oficialmente en aquel momento, las anteriores firmas no querían recibir bonos, ante la escasez de efectivo en Tucumán. El Gobierno le otorgó el servicio a Proms que, por segundo año consecutivo, imprimirá los documentos.
La aprobación de una ley que ratifica los puntos centrales del decreto "ómnibus", pero que lo excede en su contenido original, abrió un complejo laberinto de interpretaciones jurídicas.
El origen de la discusión se sitúa en el 30 de diciembre, cuando el cuestionado decreto ingresó por mesa de entradas de la Cámara. Tomando esa fecha, el plazo de 20 días hábiles para su ratificación -fijado por la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia- habría caducado el 29 de enero, cuando aún no había acuerdo para aprobar la norma.
El interbloque opositor y el frente de gremios estatales denunciaron que el oficialismo había cambiado la fecha al 8 de enero, extendiendo el plazo para aprobación hasta el miércoles a la medianoche. La denuncia judicial obligó a un cambio de estrategia de los partidarios del gobierno, quienes optaron por ampliar la resolución firmada para no ratificarla expresamente.
La ley aprobada prorroga los vales y descongela el escalafón, pero también suspende parte del Fondo de Desarrollo del Interior y extiende el plazo para el retiro de $ 16 millones de Bocade.
LA GACETA consultó a tres especialistas en derecho administrativo, quienes coincidieron en mencionar que el asunto admite varias interpretaciones sobre la competencia de cada poder, pero no puede cuestionarse la facultad de la Cámara para legislar sobre estas cuestiones.
El frente de gremios estatales pedirá a la Justicia que declare la nulidad de la sesión legislativa que ratificó la vigencia de los tickets Proms. Los trabajadores consideran que las citaciones para esa reunión se realizaron violando el reglamento del cuerpo y amparándose en un decreto que, a la hora de la aprobación de la ley, ya habría caducado.
Las expectativas de los estatales sufrieron ayer otro golpe. El juez penal Alfonso Zottoli rechazó la medida cautelar que habían interpuesto contra el cuestionado decreto ómnibus.
Los gremios anticiparon que insistirán con el planteo y recusarán a Zottoli -quien subrogó a Eudoro Albo- por su presunta vinculación con el Gobierno. "No esperábamos algo favorable de un magistrado que tiene la balanza con peso propio", aseguró Martín Rodríguez (ATE). Carlos Arnedo (UDT) recordó que las sentencias del magistrado siempre favorecen al Ejecutivo.
Por el rechazo de la cautelar, la causa regresó al fiscal anticorrupción Esteban Jerez, quien hoy podría pedir el secuestro de documentación probatoria en la mesa de entradas de la Cámara.
Jerez recibió ayer a Rodríguez, a José Teri (Vialidad), a Vicente Ruiz (Municipales del Interior), y a Gustavo Salas Correa (Previsión Social), quienes ampliaron la denuncia por presunta adulteración de documento público. Los sindicalistas aseguran que el Gobierno cambio la fecha del decreto para impedir su caducidad.
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