Pobre responsabilidad social

El principal objetivo de los organismos públicos que elaboran información es proveernos de los instrumentos para poder ejercer nuestra responsabilidad cívica, lo que no podremos hacer si están intervenidos por aquellos a los que tenemos que controlar y se distorsionan los datos para engañar a los que les cedieron el poder con su voto. Esto hace difícil hablar sobre la vigencia de una verdadera democracia republicana en la Argentina.
Otro perjuicio tiene que ver con que esos datos distorsionados son la base sobre las que se proyectan los escenarios que se utilizan para evaluar la viabilidad de posibles inversiones productivas.
Cuando las cifras oficiales pierden credibilidad, la economía tiende a funcionar mucho más ineficientemente, bajando nuestro nivel de vida; ya que, por ejemplo, la inflación es un dato vital para negociar salarios, alquileres, tasas de interés. Si no hay estadísticas que todos consideren confiables, ¿sobre qué base se llegará a un consenso en esas tratativas?
En forma generalizada se asume que los índices de precios al consumidor se dibujan; pero esto afecta a otras estadísticas que se toman a valores moneda corriente y luego se les quita la inflación para saber como evolucionaron en cantidades, como muchas cifras sobre ventas. También, al tomar precios más bajos que los reales, el gobierno reduce el nivel de pobreza e indigencia; ya que dichos menores valores se utilizan para calcular el nivel de gasto mínimo para que alguien no califique en estas categorías, dando montos artificialmente bajos. Otro cambio que se realizó en el Indec fue modificar el cronograma con el que se dan a conocer los datos. Si son malos, se publican a última hora del viernes, porque así tendrán menos impacto en los medios. Si son buenas noticias, los adelantan altos funcionarios del Gobierno.
También, sucede que se da la cifra preliminar del último mes, que es la que toman los medios; pero que es corregida a la baja cuando se informa el definitivo junto al preliminar del mes siguiente, que es en ese momento la noticia. De esta forma, nadie se entera de que la evolución de dicha estadística es peor de la que se publica.
Para resolver este problema, el Congreso debería sancionar una ley que le dé autarquía al Indec y lo ponga bajo su órbita. Esto permitirá ir recuperando la credibilidad. Hasta principios de 2007, fecha en la que fue intervenido por el Gobierno, era uno de los entes de estadística más reconocidos de la región. El hecho de haber permitido que esa confiabilidad se destruyera, habla de la pobre responsabilidad ciudadana de los argentinos.