El Gobierno está dispuesto a flexibilizar el uso de los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof) para facilitar su negociación en el mercado local y su aplicación al pago de impuestos. El Ministerio de Economía modificará la ley que faculta al Poder Ejecutivo a emitir $ 45 millones en esos instrumentos para pagar parte de la deuda que el Estado mantiene con las empresas, cuyos depósitos en bonos están acorralados desde mediados de 2002, cuando se cayeron las operatorias FET (a 28 y a 56 días) y paralela.
Esa norma establecía que el PE debía abonar la millonaria deuda con los Docof, $ 13 millones en cheques diferidos y el resto (unos $ 7 millones) en efectivo. Hasta ahora, el PE sólo canceló unas 200 cuentas cuyos montos no superan los $ 30.000.
Los principales acreedores son las grandes empresas que, antes de renunciar a acciones contra el Estado por los incumplimientos y aceptar la propuesta, quieren tener garantías de que los Docof no se desvalorizarán en el mercado cuando comiencen a circular.
Respecto del pago en efectivo, las autoridades de Economía afirman que se entregará porcentualmente, de acuerdo con las posibilidades del Tesoro, mientras que cada mes se pagará $ 1,2 millón en cheques diferidos.
El ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, indicó ayer a LA GACETA que propondrá que los Docof tengan vigencia hasta 2005. La ley establecía que sólo se negociarían durante este año y con una prórroga por doce meses más. Otros de los cambios serían:
Se recibirían Docof por deudas posteriores al 30 de junio del año pasado. Los titulares de los valores podrían pagar el 100 % de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario).
La Dirección de Rentas aceptaría a los titulares el pago de hasta el 20 % de los impuestos declarativos, excepto Sellos.
A los terceros se les aceptaría para el pago de hasta el 10 % en Docof por distintos tributos.
En caso de que los poseedores de Docof no pudieran negociarlos en el primer año, en 2004 el Estado podría canjearlos por cheques diferidos a razón de $ 1,2 millón mensual.
En los próximos días, el PE explicará a las empresas acreedoras detalles de su propuesta.
ANALISIS
Cuestión de credibilidad
Por Marcelo Aguaysol
El Gobierno juega en tiempo de descuento. No sólo está en riesgo la credibilidad de los Docof sino también la de todo el sistema financiero: por ahora, circulan $ 169 millones en bonos. En Córdoba, la primera provincia que los aplicó, los Docof cotizan al 98 % de su valor nominal. Ahora el Estado procura generar un mercado tentador para aquellos deudores y evasores impositivos radicados en otros puntos del país, ofreciendo el perdón de las multas. El Gobierno tucumano camina por una cornisa. Como aquel usuario de un servicio público privatizado que mira de reojo que la fecha de corte está cercana. El crédito se agotó y las empresas acorraladas por el Estado no están dispuestas a esperar otros siete meses para cobrar lo que les corresponde.
Esa norma establecía que el PE debía abonar la millonaria deuda con los Docof, $ 13 millones en cheques diferidos y el resto (unos $ 7 millones) en efectivo. Hasta ahora, el PE sólo canceló unas 200 cuentas cuyos montos no superan los $ 30.000.
Los principales acreedores son las grandes empresas que, antes de renunciar a acciones contra el Estado por los incumplimientos y aceptar la propuesta, quieren tener garantías de que los Docof no se desvalorizarán en el mercado cuando comiencen a circular.
Respecto del pago en efectivo, las autoridades de Economía afirman que se entregará porcentualmente, de acuerdo con las posibilidades del Tesoro, mientras que cada mes se pagará $ 1,2 millón en cheques diferidos.
El ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, indicó ayer a LA GACETA que propondrá que los Docof tengan vigencia hasta 2005. La ley establecía que sólo se negociarían durante este año y con una prórroga por doce meses más. Otros de los cambios serían:
Se recibirían Docof por deudas posteriores al 30 de junio del año pasado. Los titulares de los valores podrían pagar el 100 % de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario).
La Dirección de Rentas aceptaría a los titulares el pago de hasta el 20 % de los impuestos declarativos, excepto Sellos.
A los terceros se les aceptaría para el pago de hasta el 10 % en Docof por distintos tributos.
En caso de que los poseedores de Docof no pudieran negociarlos en el primer año, en 2004 el Estado podría canjearlos por cheques diferidos a razón de $ 1,2 millón mensual.
En los próximos días, el PE explicará a las empresas acreedoras detalles de su propuesta.
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El Gobierno juega en tiempo de descuento. No sólo está en riesgo la credibilidad de los Docof sino también la de todo el sistema financiero: por ahora, circulan $ 169 millones en bonos. En Córdoba, la primera provincia que los aplicó, los Docof cotizan al 98 % de su valor nominal. Ahora el Estado procura generar un mercado tentador para aquellos deudores y evasores impositivos radicados en otros puntos del país, ofreciendo el perdón de las multas. El Gobierno tucumano camina por una cornisa. Como aquel usuario de un servicio público privatizado que mira de reojo que la fecha de corte está cercana. El crédito se agotó y las empresas acorraladas por el Estado no están dispuestas a esperar otros siete meses para cobrar lo que les corresponde.
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