Para evitar suspicacias y para una mayor transparencia, el secretario del Colegio de Abogados, Francisco García Posse, sugirió que sea pública la audiencia de conciliación que el miércoles mantendrá esa entidad con el Gobierno en la Corte Suprema de Justicia. Aunque desde 2007 el alto tribunal del país viene impulsando experiencias procesales de este tipo, en Tucumán sólo Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, convocó a dos audiencias de esta clase en una causa ambiental.
García Posse argumentó que, en principio, toda audiencia es pública, salvo que el magistrado que la convocara dispusiera lo contrario por resolución fundada, como establece el artículo 134 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Pero, además, invocó la nueva tendencia de la Corte de la Nación, que considera que esta herramienta procesal es fundamental cuando están en juego intereses colectivos, difusos o asimilables a ellos.
Por medio de la acordada Nº 30/2007, la Corte de la Nación reglamentó esta vía, en la convicción de que así se favorece la participación ciudadana y la difusión de cómo actúa el tribunal. Para este año fueron programadas cinco audiencias públicas, en las que se discutió, por ejemplo, sobre libertad de prensa o sobre las potestades de la Administración Federal de Ingresos Públicos en relación con los bienes de los contribuyentes.
Buenos ejemplos
Siguiendo el ejemplo del alto tribunal, en la órbita federal, Racedo llamó a dos audiencias a raíz de una acción de amparo -con ribetes colectivos- promovida por un ciudadano por supuesta contaminación por parte de un ingenio. Participaron, además de las partes, representantes del Ministerio Público, de las Secretarías de Medio Ambiente de la Provincia y de la Nación, el defensor del Pueblo, etcétera. En la primera, el demandante y la demandada fijaron su posición, y durante la segunda pudieron rebatir las posiciones del otro e incorporar nuevos elementos.
En el caso de la audiencia del miércoles, fue convocada en la causa en la que el Colegio de Abogados cuestionó la constitucionalidad de normas de la Carta Magna reformada en 2006. Aún no se sabe quiénes asistirán por la entidad que agrupa a los letrados (además del representante legal, Luis Emilio Rodríguez Vaquero) ni tampoco si algún ministro (por ejemplo el de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez) acompañará al fiscal de Estado, Pedro Giúdice, al encuentro previsto para las 10.
