Con parquedad, el secretario del Colegio de Abogados, Francisco García Posse, fijó la posición de la institución: “dado el estado de la causa, en el que hay una sentencia y sólo resta expedirse sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios deducidos, no advierto que haya hechos o temas que conciliar”.
El letrado insistió en que nadie les anticipó cuál es la finalidad de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema. “Quienes sepan qué se tratará nos podrían ir anticipando, si con eso ganamos tiempo. De lo contrario, iremos sólo a escuchar”, alertó.
Para asegurar la mayor transparencia posible, García Posse sugirió que la audiencia sea pública. “Esto, además de responder a la tendencia que propicia la Corte Suprema de la Nación, está previsto por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. El artículo 134, para afianzar el principio republicano de la publicidad de los actos, establece que las audiencias tendrán ese carácter, salvo que el juez disponga lo contrario”, subrayó.
Los letrados no temen que la convocatoria sea para debatir sobre la cobertura temporaria de las vacantes en la Justicia, aunque no sea tema de discusión en la causa. “Podemos tratarlo en ese ámbito o en otro. Pero para que una eventual ley que permita la designación de jueces subrogantes no sea cuestionable debiera tener una vigencia transitoria. Los elegidos deberían serlo mediante un concurso de antecedentes y oposición transparente. En el proceso de selección, debería participar nuestro colegio y los subrogantes, para continuar definitivamente, deberían concursar”, definió.
