La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso medidas especiales de protección para preservar la seguridad, la libertad y la integridad de víctimas, testigos y querellantes en la causa sobre la existencia de un centro clandestino de detención y extermino en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. La resolución fue adoptada a pedido de la abogada Laura Figueroa.
Los magistrados ordenaron a la Secretaría Penal de esa misma Cámara y a los jueces federales de Tucumán, Santiago del Estero y de Catamarca y aconsejaron a los fiscales y defensores federales (no dependen de ellos sino de sendos Ministerios Públicos autónomos) y a los medios de comunicación a adoptar los recaudos necesarios para no afectar a las partes mencionadas, cuando se difundan resoluciones judiciales.
En particular, sugirieron limitar la difusión de los nombres e identidades de las personas citadas como testigos en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar.
