Las pausas entre cada palabra y la suavidad de su voz contrastan con la contundencia de sus respuestas. Cecilia Medina Quiroga, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está de paso por Tucumán. Pero prefiere no referirse en esos términos a su visita. En realidad, mucho más que una circunstancial cita la une con esta provincia. Aquí hizo uno de sus primeros cursos de derechos humanos y aquí, hace un par de décadas, vio nacer a su nieto. Está tan atenta a los detalles que hasta se atrevió a aprovechar una omisión del locutor que la presentó en los salones del Jockey Club para lanzar una definición sobre la materia en la que se especializa: "faltó decir que estuve exiliada de Chile durante 17 años, por eso me toca de cerca. A los derechos humanos una no se aproxima sólo por la cabeza, sino también por el corazón".
La jurista aclara que los derechos humanos están íntimamente ligados a la vida en democracia y que, por ende, fueron abolidos durante las dictaduras militares. "Los jueces debieron haber contestado con el derecho durante la dictadura, pero algunos no lo hicieron por miedo", ejemplificó con la mirada puesta en los familiares de desaparecidos que siguieron su charla.
Mujer de respuestas claras, Medina Quiroga no titubea al cuestionar la baja en la edad de imputabilidad penal de los menores para combatir la delincuencia juvenil. "Cualquier medida que restrinja derechos tienen que conducir a un objetivo legítimo. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de disminuir la edad de criminalidad? La seguridad ciudadana. Entonces, ¿es conducente para la seguridad ciudadana reducir la edad de imputabilidad de los niños? A lo mejor la respuesta es no. Y si no es conducente, entonces tampoco es justificable", plantea. "Hay que tener lugares en donde los niños puedan ser educados; si están delinquiendo hay que sacarlos de la sociedad pero para ser educados, no para llevarlos a la cárcel. Bajar la edad de imputabilidad no me parece una solución", añade.
Luego, trae a colación el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que exije al Estado brindar las medidas de protección especial que "la familia o la sociedad no le prestaron al niño". "Si uno mira al derecho desde ese ángulo, quizás habría que pensar si bajar la imputabilidad constituiría una medida de protección especial para los niños", ironiza. ¿Qué se hace mientras tanto con los jóvenes que reinciden en conductas delicitivas?, se le pregunta. "Creo que es una buena manera de decirle al Estado que tiene algo que hacer para no tener a sus niños delinquiendo en la calle. Esa es la tarea del Estado", asevera.
La despenalización del aborto, aprobada ayer por la Cámara de Diputados de Uruguay, es otro de los temas sensibles a los derechos humanos. "Al jurista le toca analizar desde cuándo una persona tiene derechos. Hubo una época en la que la Iglesia decía que los fetos no tenían alma hasta que no alcanzaban cierto desarrollo y se decía que mientras no tuvieran alma no pasaba nada. Esta discusión se da en un plano que no es legítimo. Legítimo es para el Estado decir cuándo tengo yo que considerarlo una persona y darle derechos. Pero cuando uno le da derechos tiene que ver que esos derechos no dañen los derechos de otras personas. Veo una enorme tendencia, menos en Uruguay, de decir que se es persona desde que se concibe, con todo lo eso significa: es persona pero no puede ejercer ningún derecho. Creo que la decisión de cuándo se es persona es una decisión que debe tomar el legislador, ajena a la discusión sobre cuándo comienza la vida", sentenció la jurista.
