Tucumán es el mejor ejemplo del estado de excepción permanente en el que se inscriben las modernas democracias representativas. Giorgio Agamben (Estado de Excepción, Adriana Hidaglo editora, tercera edición) enfoca ese momento del derecho en el que se suspende, precisamente, el derecho: “... la forma legal de lo que no puede tener forma legal, porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión”. Su tesis de base es que “el estado de excepción”, ese lapso que se supone provisorio en el cual se suspende el orden jurídico, se ha convertido “en forma permanente y paradigmática de gobierno...”.
Es llamativo como se abusó de él en Tucumán y se continúa abusando para obtener resultados con absoluta exclusión de los mecanismos de control, porque el estado de excepción al que nos encontramos sometidos incluye en sus postulados de modo excluyente esa ausencia de los mecanismos de contralor. La sanción ficta de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) es una muestra. El artículo 101 de la Constitución provincial establece, a contrapelo de lo que fija la sana doctrina e incluso la Constitución nacional, la validez del dictado por parte del gobernador de los DNU.
También, contrariando toda interpretación doctrinaria al respecto, le otorga al silencio un sentido positivo. Será que en el léxico nada jurídico del gobernador “el que calla otorga”. Ya desde el derecho romano la máxima era lo contrario: al silencio jamás se lo puede considerar como fuente de derecho. La Constitución nacional reformada prohíbe en su artículo 82 la sanción ficta de las leyes: “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
En conclusión, darle al silencio un sentido positivo como fuente de derecho resulta contrario a toda posición jurídica-doctrinaria. Más aún tratándose de la Legislatura, que en su función por excelencia tiene a su cargo como poder independiente el dictado y la sanción de las leyes. Avalar la tesis contraria sería tanto como delegar en uno sólo de los poderes del Estado, el Ejecutivo, facultades extraordinarias o la suma del poder público.
