“Durante los años de desempeño como magistrado, desde 1984, no prosperó ninguna queja por retardo de justicia. Menos aún se produjo el vencimiento, en algún proceso, de un plazo que, en tal sentido, me hubiera otorgado la Cámara (del fuero)”. Esto expresó con determinación el juez en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación, Carlos Alberto Arraya, en el descargo que concretó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, como consecuencia de la denuncia formulada en su contra por los abogados Constantino Cirici y Eva Jarai, que lo denunciaron -entre otras cosas- por la supuesta excesiva prolongación de la causa caratulada: “Casadey, Francisco Emilio s/quiebra”.
El magistrado insistió en la misma idea: “el tiempo jurisdiccional es una actividad reglada y no discrecional, porque existe un debido procedimiento legal garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional, que la Carta Magna provincial acata y reconoce, hasta el punto de que, en su artículo 6, expresa que ningún poder podrá suspender la vigencia de las garantías constitucionales”. “La demora en los juicios, en la mayoría de los casos, se debe a que se quiere hacer realmente justicia, lo que no es tarea fácil ni sencilla, ya que se trata de juzgar a ciencia y conciencia, y no cumplir con una simple estadística”, agregó.
Más argumentos
El juez destacó que llama la atención que la denuncia en su contra haya sido promovida el 2 de setiembre, cuando él se había desprendido de la causa para que la Cámara en lo Civil y Comercial Común resolviera sendos recursos interpuestos por la síndica y por un letrado. “Es imposible que haya retardo de justicia cuando no había ninguna resolución pendiente de dictar por mi parte y cuando el expediente se encontraba en la Cámara”, agregó.
Arraya recalcó que, en relación con la causa, no había incurrido en mora, ni tampoco en error de derecho ni en vicios de procedimiento, razón por la que no están configuradas las causales invocadas por los denunciantes. Amén de estas consideraciones, aclaró particularmente que ni Jarai ni Cirici tienen legitimación activa ni personería para solicitar un proceso de destitución en su contra.
El juez fue terminante. “Jarai sólo cuenta con poder general de administración y disposición, y Cirici, con poder general para juicios, que le habría otorgado el fallido (por Casadey) y que únicamente lo faculta para intervenir en litigios o asuntos administrativos. Pero, de ninguna manera, ello implica facultamiento para promover un juicio político que, dada su gravedad y especifidad, requiere de un poder especial. Casadey le encargó la tramitación de un litigio judicial y no de un juicio político”, esgrimió.
También recordó que esos mismos poderes presentaron los denunciantes cuando, precisamente, la comisión legislativa les solicitó que acompañaran el instrumento del que surgiera mandato para impulsar un proceso de remoción.
Ahora, la comisión de Juicio Político (compuesta por 12 legisladores; 11 de ellos, oficialistas) dispondrá de hasta 20 días hábiles para resolver si archiva la causa o si decide acusar al magistrado.
