Una interna empresarial afectó a usuarios

A medida que se acerca el desenlace, el proceso de licitación de los recorridos de las líneas 10 y 12 se torna más denso que el smog que producen sus ómnibus. Ayer, desprevenidos usuarios del servicio de las líneas 10, 12, 3, 110 y 103 se quedaron sin transporte durante toda la mañana, a partir de un sorpresivo paro dispuesto por los trabajadores de Cerro Pozo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que explota algunos de esos recorridos de manera provisoria.
Poco después de las cinco, en lugar de levantar pasajeros, los choferes e inspectores comenzaron a cercar la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle con los colectivos. Al menos 60 unidades taponearon el tránsito en barrio Sur de la capital, mientras unos 250 empleados y representantes sindicales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzaron a despertar a los vecinos de la zona con el estruendo de las bombas.
La protesta, que se extendió hasta las 14, se originó a partir de un rumor, según reconoció el secretario gremial de UTA, Ricardo Cáceres. La versión que circuló entre los trabajadores sostenía que caería el proceso licitatorio de las línea 10 y 12 y que, por ende, el grupo empresario del que dependen dejaría de explotar en forma precaria el servicio y sus puestos laborales correrían peligro. En virtud de esa posibilidad, decidieron paralizar el servicio hasta tanto obtuvieran el compromiso municipal de que se respetaría su estabilidad laboral. "Era vox pópuli que se caía la licitación", sostuvo Cáceres. El secretario gremial del sindicato que lidera Roberto Jiménez, actual secretario de Trabajo del Poder Ejecutivo, negó que la medida de fuerza haya consistido en un lock out patronal. "Yo no lo llamaría lock out empresarial, acá el tema es que los empresarios recibieron  la noticia de que se caía la licitación. Entonces, les comunicaron a los trabajadores que ellos iban a estar hasta fin de mes y que, en consecuencia, quedarían sin trabajo. Ante la incertidumbre de los trabajadores, pasó lo que pasó. Hasta que se aclare esto los choferes decidieron parar", añadió el dirigente sindical.
La protesta no hizo más que sembrar mayores dudas en torno del proceso licitatorio encarado por el municipio para concesionar el servicio del recorrido de las líneas 10 y 12. Curiosamente, la medida de fuerza se concretó en medio de una serie de denuncias formuladas por otro sector empresarial que participa de la licitación. En rigor, Miguel Villagra, que tiene a su cargo la explotación de la línea 19, cuestionó por intermedio de LA GACETA algunas de las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo. Específicamente, consideró inapropiado que, el 10 de junio, el intendente, Domingo Amaya, haya otorgado a Cerro Pozo UTE el recorrido por el cual pugna con otra empresa, antes de que se definiera al ganador de la licitación. El jefe municipal adoptó esa decisión tras revocar la autorización provisoria conferida a la empresa San Cristóbal, que tenía a su cargo el servicio de la línea 10. Esta firma, según consta en el decreto 2.419 firmado por Amaya, no cumplió lo pautado y por eso se le quitó el servicio: cuando se la inspeccionó en 2007 exibió nueve de los 24 ómnibus con los que debía contar y prestaba el servicio con intervalos de hasta 55 minutos. Luego, en marzo, ni siquiera se presentó a una revisión técnica obligatoria.
En efecto, otro de los puntos cuestionados es la injerencia del director de Transporte municipal, Julio Rocha, en la licitación. El funcionario se excusó de integrar la comisión preadjudicataria porque es empleado de la empresa Illages, que junto a otras tres firmas conforma la UTE Cerro Pozo. Rocha, director de Transporte de la capital desde 2003, integró la comisión directiva de UTA como secretario de actas. Lo llamativo es que, en una planilla interna de Illages SRL a la que accedió LA GACETA ("Diagramación de los descansos del personal de conducción-junio del 2008), constan sus días descanso durante el mes de junio de 2008.
Frente a los planteos de Villagra y de concejales opositores, la intendencia defendió la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación de las líneas 10 y 12. Para evitar suspicacias, el intendente reemplazó a Rocha dentro de la comisión que evalúa las ofertas con el fiscal municipal, Hernán Colombres. A ese grupo lo conforman, además, el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, y el edil José Miranda. Estos aún no emitieron ningún dictamen respecto de quién será el adjudicatario de los recorridos en pugna.

Amaya negó irregularidades en el proceso de adjudicación
El intendente, Domingo Amaya, se mostró indignado por la protesta de los colectiveros. "Ya he instruido para que se hagan todas las medidas correspondientes, las sanciones y multas que correspondan a las empresas. Y en el día de mañana corren el peligro de que no se puedan presentar en alguna licitación", advirtió. El jefe municipal dijo que desconocía los argumentos de los empleados al momento de concretar el paro. "Los trabajadores deben quedarse tranquilos porque nadie quedará sin trabajo, así están previstas las licitaciones. No se dejen engañar con nadie. Si hay alguna irregularidad, por favor les pedimos que hagan las denuncias correspondientes porque nosotros vamos a proceder en consecuencia. Mientras tanto, las empresas tienen que funcionar hasta el día en que sean adjudicadas a quien correspondan", sostuvo.

"Si llega a pasar algo raro,sí vamos a tener problemas"
"Si no se produce nada nuevo, por el momento no habrá más medidas de fuerza. Ahora, si pasa algo raro, sí vamos a tener problemas", alertó el secretario gremial de UTA, Ricardo Cáceres. El dirigente encabezó la protesta que ayer concretaron los trabajadores de las líneas 12, 10, 3, 103 y 110. "Se logró frenar lo que nosotros veníamos suponiendo que iba a ocurrir; ahora va a continuar el proceso licitatorio como corresponde y sin ninguna traba ni nada por el estilo. Vamos a tratar de que se regularice lo más rápido posible la situación", aseveró respecto de la marcha del proceso licitatorio de las líneas 10 y 12. Cáceres remarcó que, en una reunión, el titular de UTA y secretario de Trabajo, Roberto Jiménez, el intendente, Domingo Amaya, y el gobernador, José Alperovich, acordaron la normalización del sistema en 60 días.

Estiman que 7.000 usuarios se quedaron ayer sin servicio
Las empresas que ayer no prestaron servicios podrían ser sancionadas por el Departamento Ejecutivo. Así lo adelantó el director de Transporte, Julio Rocha. El funcionario explicó que se notificó a las empresas involucradas en la medida de fuerza que deberán informar los motivos por los que suspendieron el servicio. "Las actuaciones fueron giradas a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y desde allí serán enviadas a la Fiscalía Municipal, para que determine si corresponden sanciones o no", detalló Rocha. No obstante, el director del área defendió la actuación de las compañías que conforman la UTE Cerro Pozo. "Fueron haciéndose cargo de recorridos porque cayeron las otras empresas. Le dieron una solución a la Municipalidad", consideró. En tanto, cuantificó en cerca de 7.000 los usuarios afectados por la medida sólo al mediodía.