Ayer no lo analizó detenidamente ni tampoco fijó su posición. Sin embargo, el jurista Diego Frossasco destacó el rico debate que despertó la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, que el 5 de febrero tachó y calificó de nulos varios artículos de la reforma constitucional concretada en 2006. “Centró la atención de los constitucionalistas de todo el país. Eso, porque supone la declaración de inconstitucionalidad de artículos que resultan importantes y que tienen que ver con la posibilidad de que la Constitución sea modificada en el futuro por medio del sistema de enmiendas, así como con el procedimiento de designación y remoción de los jueces”, aseguró a LA GACETA el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo primero que le sorprendió fue la extensión de la sentencia de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (más de 150 fojas). “Esto no es común, pero también significa un esfuerzo argumentativo por parte de los magistrados. Es muy interesante, porque deja muchos aspectos para el debate; por la distinción que hace entre las normas que podían reformarse y lo que podía agregarse, y por el impacto que tiene una declaración de inconstitucionalidad de normas de la propia Constitución en la forma tan clara en que lo hizo”, aclaró.
Frossasco, que fue convencional constituyente en Córdoba (por el radicalismo) en 2001, recordó que controlar judicialmente un proceso de reforma constitucional es un hecho de notable trascendencia institucional.
“Siempre supone una tensión entre la soberanía popular, manifestada en la Convención, y el Poder Judicial, que ejerce su función de control en reguardo de esa soberanía, no contra ella. El propio juez (por el voto de Novillo) reconoce que esta es una de las cuestiones más áridas y que conmociona el orden jurídico. En definitiva, se trata de una facultad que el propio magistrado ejerce a sabiendas de la responsabilidad y de las consecuencias de su decisión”, subrayó.
El jurista insistió con la misma idea. “Nunca hay que olvidar que las reformas son la expresión del pueblo en un momento especial de su vida social e institucional. No son cosas de todos los días. Además, la Corte Suprema de la Nación y los tribunales en general suelen recordarnos que el control de constitucionalidad de una ley debe ejercerse con el máximo de prudencia. Entonces, cuando el control versa sobre las propias reformas, esta cautela debe extremarse, porque, en definitiva, lo que se está alterando es la decisión fundamental del pueblo expresada en su Carta Magna”, reiteró.
Lo primero que le sorprendió fue la extensión de la sentencia de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello (más de 150 fojas). “Esto no es común, pero también significa un esfuerzo argumentativo por parte de los magistrados. Es muy interesante, porque deja muchos aspectos para el debate; por la distinción que hace entre las normas que podían reformarse y lo que podía agregarse, y por el impacto que tiene una declaración de inconstitucionalidad de normas de la propia Constitución en la forma tan clara en que lo hizo”, aclaró.
Frossasco, que fue convencional constituyente en Córdoba (por el radicalismo) en 2001, recordó que controlar judicialmente un proceso de reforma constitucional es un hecho de notable trascendencia institucional.
“Siempre supone una tensión entre la soberanía popular, manifestada en la Convención, y el Poder Judicial, que ejerce su función de control en reguardo de esa soberanía, no contra ella. El propio juez (por el voto de Novillo) reconoce que esta es una de las cuestiones más áridas y que conmociona el orden jurídico. En definitiva, se trata de una facultad que el propio magistrado ejerce a sabiendas de la responsabilidad y de las consecuencias de su decisión”, subrayó.
El jurista insistió con la misma idea. “Nunca hay que olvidar que las reformas son la expresión del pueblo en un momento especial de su vida social e institucional. No son cosas de todos los días. Además, la Corte Suprema de la Nación y los tribunales en general suelen recordarnos que el control de constitucionalidad de una ley debe ejercerse con el máximo de prudencia. Entonces, cuando el control versa sobre las propias reformas, esta cautela debe extremarse, porque, en definitiva, lo que se está alterando es la decisión fundamental del pueblo expresada en su Carta Magna”, reiteró.






