El público opinó sobre la reforma de 2006

El debate sobre el margen que tiene la Justicia para controlar un proceso de reforma constitucional era, en teoría, uno de los atractivos del "II Encuentro Federal de Derecho Procesal Constitucional Provincial". A la discusión, sin embargo, la avivó el público que asistió ayer al auditorio del Colegio de Abogados.
La polémica giró en torno de la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Carta Magna tucumana sancionada en 2006. El panel estuvo diezmado porque de los cuatro expositores originariamente previstos, sólo vino el cordobés Diego Frossasco (ver "Las reformas..."), que fue presentado por el constitucionalista tucumano Oscar Flores.
El disertante no se refirió específicamente al fallo tucumano sino que puso énfasis en algo que, para él, es preocupante. Remarcó que desde 1994 el Congreso no sólo habilita y declara la necesidad de una reforma, sino que, por ejemplo por medio del Pacto de Olivos, indica en qué sentido deben concretarse las modificaciones en el texto constitucional. "Esto también se advierte en las provincias y las Convenciones no pueden ser un mero órgano reglamentador de lo que decidió antes la Legislatura, porque confundiríamos los roles y dotaríamos a un poder constituido (el Legislativo) de un poder constituyente que no le es propio", recalcó.
Desde el público, el constitucionalista santafesino Oscar Puccinelli advirtió que el gran problema es evitar la concentración del poder y las reformas consumadas entre gallos y medianoche, algo a lo que también se había referido Frossasco. "Me está empezando a gustar que, en el ejercicio del poder preconstituyente (léase las Legislaturas), se establezca un sentido del que no se pueda apartar la Convención aprovechando una coyuntura electoral para torcer la voluntad popular", aseveró.
Mientras tanto, el marplatense Eduardo Jiménez (es juez federal) precisó que, si bien esa idea implicaba imponerles un forcéps muy ajustado a los convencionales, "no es antijurídica, porque ellos siguen teniendo la última palabra".

Ardor de los tucumanos
A propósito de una observación de Flores, el abogado Ezio Jogna Prat advirtió que, en la realidad tucumana, el sistema que desde 2006 le permite a la Legislatura concretar enmiendas constitucionales, sin ningún tipo de límites en cuanto a los temas susceptibles de ser modificados por esa vía, es sumamente peligroso.
"El oficialismo tiene una mayoría abrumadora hasta el punto de que fueron elegidos convencionales los mismos legisladores que habilitaron la reforma. Hay que poner límites para que no sea haga cualquier cosa con la Constitución", alertó Jogna Prat.
El letrado Ricardo Uñates intervino para que, según dijo, los visitantes se llevaran una idea exacta de lo que sucedió en Tucumán en 2006. "La prensa tenía el acceso denegado a la Convención. El presidente modificaba, a piaccere, el horario para la presentación de los proyectos y las comisiones eran verdaderos fantasmas, que cambiaban de lugar de reunión según la voluntad del presidente. Esta Constitución sólo concentró el poder en cabeza del Ejecutivo. Se perdió una gran oportunidad", se quejó.