En setiembre se conocerá el fallo sobre la reforma

En la segunda quincena de septiembre, la Sala en lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dará a conocer la sentencia en el juicio impulsado por el Colegio de Abogados contra parte de la reforma de la Constitución de 2006.
Ayer, tras encabezar el acto de recordación del centenario de la creación del máximo tribunal (ver "Los valores..."), su presidente, Antonio Gandur, dijo que este tema tiene absoluta prioridad. "Todos los vocales intervinientes estamos abocados a su estudio; pienso que en 30 días se conocerá la sentencia, aunque no puedo dar una fecha concreta", afirmó. Los borradores del fallo estarían circulando entre los miembros de la sala, integrada por Gandur, René Goane y Alberto Brito, ante la excusación aceptada de Antonio Estofán. Lo más probable es que se firme en la semana hábil del 15 al 19 del próximo mes.
El análisis gira alrededor de las cláusulas referidas al modo de designar y de remover magistrados (Consejo Asesor de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento), al instituto del juicio político y a la enmienda de la Carta Magna por una mayoría legislativa, sin tener que convocar a una Convención Constituyente. En la sentencia emitida a principios de año por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se declararon nulos e inconstitucionales los nuevos artículos de la Carta Magna.
Por otro lado, Gandur fue consultado acerca de la falta de comunicación a los poderes Ejecutivo y Legislativo para participar de la ceremonia formal. "Consideramos que era un acto propio del Poder Judicial. Entiendo que no correspondía invitarlos. Esto no significa aislamiento ni distanciamiento; jamás ponemos ninguna clase de distancia. Si no hay diálogo, es porque no tenemos nada que tratar", aseveró.
Sin embargo, reconoció que se deben encarar acciones conjuntas con el Ejecutivo y con la Legislatura para encarar un trabajo común sobre las personas abandonadas, la violencia familiar, los menores y los sectores en riesgo. En ese aspecto, resaltó la necesidad de modificar los códigos procesales y de articular una estrategia a nivel del NOA.
Además, sostuvo que existe plena independencia de la Justicia respecto de los otros poderes. Remarcó que se respeta plenamente la decisión de los jueces y que jamás hubo ninguna clase de presiones, lo que permite una actuación en total y absoluta libertad. "Cada uno ejerce efectivamente su rol en el Estado, sin intervenir en la competencia de los otros", puntualizó.