10 Agosto 2008
La ausencia del debate parlamentario, la falta de diálogo entre fuerzas políticas que son representativas de la sociedad argentina, el abandono de toda búsqueda de consenso y de su instancia previa, la negociación, han sido algunos de los rasgos salientes del último período legislativo: un balance ciertamente pobre que, como resultado, dejó también entre sus deudas una institucionalidad debilitada, renga. La preponderancia casi absoluta del Poder Ejecutivo ahondó una crisis de representatividad.
En rápido examen, saltan a la vista, sin mayor esfuerzo, las falencias del sistema republicano en la práctica cotidiana del ejercicio de un poder que debe apoyarse en tres instancias independientes unas de otras. Superpoderes delegados al PE, Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y disciplina automática de la bancada oficialista a los dictados de la Casa Rosada desdibujaron uno de esos tres poderes (el que mayor representatividad ciudadana conlleva), al punto de popularizar la noción de un Congreso degradado a la categoría de “escribanía” del Gobierno.
Son muchas las razones de la debilidad institucional del Congreso y sería imposible desarrollarlas todas aquí. Pero vale la pena señalar una práctica que no es infrecuente y que, si bien no transgrede normas democráticas, es cuestionable por lo que revela. Consiste en que un número importante de legisladores elegidos por voto popular -para representar a una provincia o a un distrito- luego desatienden esta labor para postularse a gobernador o vice en la campaña siguiente, sin renunciar a su cargo ni pedir licencia. El Congreso entra así en una virtual parálisis, a la espera de las definiciones electorales, y relegado a un limbo en el que, en última instancia, se desconoce e incumple el mandato popular. Implícita en esta práctica está la baja estima en que se tiene la tarea legislativa.
Aún así, estamos ahora, atravesada la mitad del primer año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ante un escenario nuevo, potencialmente distinto al anterior y en el que cabe abrigar la esperanza (como ciudadanos debemos siempre dar la batalla por las instituciones) de un cambio que devuelva al Congreso el lugar que no debe nunca abandonar en la vida republicana del país.
Cerca del parlamento
El eje de la política vernácula debe acercarse más al parlamento y no quedar circunscrito a los despachos de la Casa Rosada: aún con sus falencias, es en el Congreso donde el debate de ideas y propuestas, su formulación y aprobación, tiene lugar de manera más transparente y abierta a la ciudadanía. Facilitar la participación es uno de los objetivos que nos fijamos en 1999, cuando comenzamos con la primera edición del Directorio Legislativo.
La Presidenta enfatizó, en plena crisis con el campo, el hecho de no haber firmado ningún DNU desde su asunción, a diferencia de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, quien durante su mandato utilizó esta herramienta 270 veces, lo que equivale a uno cada seis días. Saludamos este giro y esperamos que contribuya a devolverle protagonismo al Congreso. Sin embargo, la mayoría propia que obtuvo el kirchnerismo en ambas cámaras y el hecho de que legisladores oficialistas degraden su tarea a la categoría de simple “brazo legislativo” del Gobierno, no parecen propiciar el diálogo y el debate sobre la mejor asignación de los recursos públicos ni el control del PE, funciones centrales de la labor parlamentaria. Una república sana requiere de un Congreso sano, con voz propia y criterio independiente.
Requiere, también, de un ámbito al que la ciudadanía, en uso de sus derechos, pueda llenar de contenido en el sentido más rico de la palabra. Esa es nuestra firme convicción y con ese objetivo es que, desde hace casi una década, tras cada renovación parlamentaria, elaboramos el Directorio Legislativo. Confiamos en que sirve como herramienta efectiva para fomentar un mayor conocimiento de nuestros legisladores, de nuestras posibilidades de acercarles propuestas e inquietudes y de reclamar de ellos la debida rendición de cuentas.
En rápido examen, saltan a la vista, sin mayor esfuerzo, las falencias del sistema republicano en la práctica cotidiana del ejercicio de un poder que debe apoyarse en tres instancias independientes unas de otras. Superpoderes delegados al PE, Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y disciplina automática de la bancada oficialista a los dictados de la Casa Rosada desdibujaron uno de esos tres poderes (el que mayor representatividad ciudadana conlleva), al punto de popularizar la noción de un Congreso degradado a la categoría de “escribanía” del Gobierno.
Son muchas las razones de la debilidad institucional del Congreso y sería imposible desarrollarlas todas aquí. Pero vale la pena señalar una práctica que no es infrecuente y que, si bien no transgrede normas democráticas, es cuestionable por lo que revela. Consiste en que un número importante de legisladores elegidos por voto popular -para representar a una provincia o a un distrito- luego desatienden esta labor para postularse a gobernador o vice en la campaña siguiente, sin renunciar a su cargo ni pedir licencia. El Congreso entra así en una virtual parálisis, a la espera de las definiciones electorales, y relegado a un limbo en el que, en última instancia, se desconoce e incumple el mandato popular. Implícita en esta práctica está la baja estima en que se tiene la tarea legislativa.
Aún así, estamos ahora, atravesada la mitad del primer año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ante un escenario nuevo, potencialmente distinto al anterior y en el que cabe abrigar la esperanza (como ciudadanos debemos siempre dar la batalla por las instituciones) de un cambio que devuelva al Congreso el lugar que no debe nunca abandonar en la vida republicana del país.
Cerca del parlamento
El eje de la política vernácula debe acercarse más al parlamento y no quedar circunscrito a los despachos de la Casa Rosada: aún con sus falencias, es en el Congreso donde el debate de ideas y propuestas, su formulación y aprobación, tiene lugar de manera más transparente y abierta a la ciudadanía. Facilitar la participación es uno de los objetivos que nos fijamos en 1999, cuando comenzamos con la primera edición del Directorio Legislativo.
La Presidenta enfatizó, en plena crisis con el campo, el hecho de no haber firmado ningún DNU desde su asunción, a diferencia de su marido y antecesor, Néstor Kirchner, quien durante su mandato utilizó esta herramienta 270 veces, lo que equivale a uno cada seis días. Saludamos este giro y esperamos que contribuya a devolverle protagonismo al Congreso. Sin embargo, la mayoría propia que obtuvo el kirchnerismo en ambas cámaras y el hecho de que legisladores oficialistas degraden su tarea a la categoría de simple “brazo legislativo” del Gobierno, no parecen propiciar el diálogo y el debate sobre la mejor asignación de los recursos públicos ni el control del PE, funciones centrales de la labor parlamentaria. Una república sana requiere de un Congreso sano, con voz propia y criterio independiente.
Requiere, también, de un ámbito al que la ciudadanía, en uso de sus derechos, pueda llenar de contenido en el sentido más rico de la palabra. Esa es nuestra firme convicción y con ese objetivo es que, desde hace casi una década, tras cada renovación parlamentaria, elaboramos el Directorio Legislativo. Confiamos en que sirve como herramienta efectiva para fomentar un mayor conocimiento de nuestros legisladores, de nuestras posibilidades de acercarles propuestas e inquietudes y de reclamar de ellos la debida rendición de cuentas.
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