Perfeccionan la defensa de usuarios y consumidores

En noviembre de 1993, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor. La norma ha sufrido numerosas y sucesivas modificaciones en estos 15 años de vigencia, que fueron perfilando su contenido específico e incorporando los cambios que se fueron produciendo en la sociedad y en las relaciones comerciales y empresariales. De hecho, el rol de los usuarios de servicios (ya previsto en el texto original) ha ido creciendo en regulación y en intensidad a partir de la política estatal de privatizaciones de empresas públicas, en auge durante la década pasada.
Un año después de la sanción de esa ley, se concretó la reforma de la Constitución Nacional, que expresamente señala en la primera parte de su artículo 42: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". Luego, detalla todas las obligaciones que deberá asumir el Estado para atender ese listado de compromisos. En otra parte de la Carta Magna, se incorporan a las acciones colectivas en defensa de derechos difusos, lo que facilita la participación judicial de las asociaciones civiles.
Del mismo modo, aunque mucho más escueta, la Constitución provincial modificada en 2006, prescribe en el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías (casualmente, también en el artículo 42): "Los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses. El Estado promoverá la organización y funcionamiento de las asociaciones de usuarios y consumidores, previendo la necesaria participación de estas en los organismos de control". Este último aspecto es motivo de quejas constantes por parte de las ONG.

Actualización necesaria
A partir de esta estructura normativa-marco, se han impulsado al mismo tiempo distintos proyectos de ley en la Legislatura provincial, tendientes a brindar un efectivo, eficiente y oportuno amparo a los reclamos y quejas de los consumidores y usuarios. El propósito final es mejorar el régimen actual, que muestra desfases y falta de adecuación con las innovaciones procedimentales y normativas que se fueron sucediendo, así como al auge y desarrollo de la materia bajo debate.
Las dos iniciativas principales fueron elaboradas por separado por Olijela del Valle Rivas y por Carlos Canevaro, quienes focalizan de modo distinto el tema. Mientras la representante oficialista potencia los métodos de resolución alternativa de conflictos para descomprimir la pesada acumulación de expedientes en los tribunales, la otra opción lo hace respecto de los procesos judiciales colectivos. Ahora es responsabilidad de todos los legisladores unificar un criterio.