Se protegen los derechos de incidencia colectiva

Una amplia protección está prevista en el proyecto de Código Provincial de Implementación de los Derechos de Usuarios y Consumidores, que recepta las innovaciones generadas a nivel nacional por la Ley Nº 24.240. La iniciativa fue redactada por el legislador oficialista Carlos Canevaro, a quien acompañaron Reinaldo Jiménez y Ramón Sierra Morales.La propuesta prevé, en el capítulo dedicado al Acceso a la Justicia, la implementación del procedimiento sumarísimo en los juicios. "Para la defensa de los derechos e intereses protegidos por esta ley, son admisibles todas las acciones capaces de propiciar su adecuada y efectiva tutela", se expresa. Pero, más allá del régimen judicial estricto, Canevaro quiere imponer en cabeza del juez en lo Civil y Comercial interviniente la obligación de intentar una conciliación entre las partes. Esta etapa debería ser cumplida antes de la audiencia de prueba.Legitimados El texto impulsado contempla además las acciones judiciales promovidas en razón de violaciones de derechos de incidencia colectiva de consumidores y usuarios, ya que legitima los planteos efectuados tanto por grupos de afectados como por las asociaciones del sector debidamente registradas ante los entes del Estado. Este es un paso de trascendencia, así como la decisión de que los juicios estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otras imposiciones económicas, que puedan implicar una valla al libre accionar tribunalicio.Como complemento de la legitimación activa, el Código en debate considera que los acuerdos conciliatorios que se alcancen en la Justicia beneficiarán a todos los afectados o amenazados (incluso en forma potencial) por el mismo hecho que motivó el litigio. La protección llega al nivel que podrán, por vía incidental, ejecutar la sentencia homologatoria y liquidar los daños, luego de acreditar su situación y su perjuicio. Para el conocimiento pleno del pacto por parte de toda la ciudadanía, el juez deberá disponer su publicación por los medios de comunicación social.Un mecanismo similar se aplicará en los casos de conciliación en sede administrativa.En caso de que las asociaciones o los particulares desistan del proceso judicial, el proyecto de ley impone al Ministerio Público Fiscal que asuma el caso. Energía institucional"El Gobierno provincial deberá formular políticas enérgicas de protección de los consumidores y usuarios. dentro del marco constitucional de competencias, y establecer una infraestructura adecuada que permita aplicarlas", se explicita en la propuesta. En ese aspecto, se detalla la obligación de implementar políticas de regulación del mercado en protección a la saluda, la seguridad y el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad; acceso al consumo; educación e información al consumidor; promoción de las organizaciones de consumidores; solución de conflictos; sanción de abusos; control de servicios públicos y consumo sustentable.