Hay que avanzar sobre las organizaciones criminales

En materia de drogas aparecen dos posturas antinómicas. Por un lado están quienes sostienen la necesidad de mayores castigos y políticas denominadas "duras" en la lucha contra el tráfico y el consumo; pero en los hechos ningún país puede mostrar un plan de prevención y lucha eficiente. Por el otro, están quienes propenden a la despenalización del consumo, y agotan con ello su propuesta.
Resulta evidente que con sólo aumentar el rigor de la pena nada se resuelve; hay que analizar y abarcar el problema de raíz. Es desde esta óptica donde la sociedad toda aparece comprometida, en los distintos ámbitos: familiar, educativo, barrial, deportivo, asociacional, político, judicial, etc.
Un cuadro de la situación actual en nuestra provincia nos muestra la continua necesidad de perfeccionamiento. Por un lado, por parte de las fuerzas de seguridad, que les permita analizar e instrumentar estrategias operacionales coordinadas entre sí, que, superando la detección del adicto, avancen sobre el comercializador, el transportista y/o el elaborador de la droga. Por el otro, en la esfera judicial, donde deben generarse pautas de procedimiento claras en la actuación de las fuerzas de seguridad, con especial cuidado por la preservación de los derechos y las garantías constitucionales de las personas. La permanente docencia que jueces y fiscales federales vienen realizando en el ámbito de las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Aeroportuaria y provincial) da cuenta de una continua preocupación por este tema.
Por lo demás, en materia federal se mantiene un constante intercambio de información entre los jueces del NOA, orientado a tejer redes de comunicación que agilicen la persecución de quienes cometen estos delitos interprovinciales y transnacionales.
El desafío es permanente. Se procura no sólo rescatar el adicto, sino, en esencia, avanzar sobre las organizaciones criminales, cuyas utilidades a menudo son derivadas hacia fines de corrupción en todos los sectores del tejido social.
Hoy, como dato grave de nuestra realidad provincial, se aprecia cómo el narcotráfico, valiéndose de estados de necesidades evidentes, emplea los sectores más necesitados de la sociedad para la comercialización de las drogas. Este dato debe ser reconocido por la sociedad tucumana y la actuación del Estado nacional y de la Provincia se impone con urgencia. Cuando las causas arriban a nuestros juzgados alarman los datos sociológicos de los encausados, su medio familiar y sus condiciones socioeconómicas.
El compromiso no debe partir de sectores aislados, porque es un problema general. La droga se ha instalado en Tucumán. Es necesario y urgente enfrentarla a diario, entre todos, desde cada uno de los sectores sociales.