Se intensifica la lucha contra el trabajo en negro

La informalidad laboral es un problema de difícil resolución. La tasa de trabajo no registrado es una demostración de este fenómeno nacional. En el Gran San Miguel de Tucumán, el 49,2% de los 198.000 asalariados no fueron inscriptos por sus empleadores y, por lo tanto, no gozan ni de una obra social y no son sujetos de crédito para el sistema financiero. Pero lo más preocupante es que tampoco pueden aspirar a una jubilación.
En esa situación informal están unos 97.000 tucumanos, según los datos de la Dirección de Estadística de Tucumán al primer trimestre de este año. De acuerdo con ese informe, hay 7.000 trabajadores en negro menos que en el período enero a marzo de 2006, cuando ese problema afectaba al 52,3% de los asalariados del Gran Tucumán-Tafí Viejo, según la denominación que le da al aglomerado urbano el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Ante este cuadro, el gobernador José Alperovich decidió avanzar en su política para bajar ese índice, endureciendo las sanciones contra los infractores. El Poder Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley a la Legislatura, mediante el cual se introducen modificaciones al Código Tributario. En ese contexto, se establecen multas que van desde los $ 300 y hasta los $ 30.000 para aquellos empleados que contraten personal en negro. Las sanciones comprenden, también, clausuras de entre tres a 10 días, sin perjuicio de aplicar inhabilitaciones por un año para que esos infractores accedan a licitaciones públicas o se constituyan en proveedores del Estado provincial.

Campaña de persuasión
"No puedo permitir que en Tucumán haya empleados en negro", enfatizó ayer el gobernador, al presentar el proyecto. El mandatario puntualizó que dará un plazo de 90 días para que los empleadores regularicen la situación de su personal, previa campaña de persuasión, según lo definió.
"Vamos a ser duros e inflexibles contra los empresarios que mantengan trabajadores en negro", remarcó. En este aspecto, expresó que habrá operativos conjuntos entre inspectores de la Secretaría de Trabajo y de la Dirección General de Rentas. Este último organismo afectará a no menos de 150 inspectores, según indicó a LA GACETA su titular, Pablo Clavarino.
Para avanzar con estos operativos, el Gobierno tiene identificados los sectores que más empleados no registrados poseen entre su personal. Entre otros figuran, el comercio, la construcción y el servicio doméstico (Ver El problema...).
Las sanciones a aplicar son similares a las existentes en la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La intención oficial no se circunscribe tan sólo al empresario que se lo identifica como infractor. Desde la Casa de Gobierno aclararon que las sanciones también recaerán en otros actores del sector privado. En ese sentido, ejemplificaron de la siguiente manera: "si una empresa apela a los servicios de un contratista que, tiene empleados en negro, también será sancionada con clausuras o multas".