20 Mayo 2007 Seguir en 
La decisión oficial de profundizar la lucha contra el trabajo no registrado en Tucumán implicará la introducción de una enmienda en el capítulo “Infracciones y Sanciones” del recientemente reformado Código Tributario de la Provincia.
El proyecto de ley será enviado esta semana por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su sanción y, según pudo establecer LA GACETA, las modificaciones se incorporarán al artículo 76 de la Ley 5.121 (Código Tributario).
Una de ellas fue adelantada por el propio gobernador, José Alperovich, y apunta a las sanciones económicas contra aquellas empresas que no registren a su personal. “Serán sancionados con multas de entre $ 300 y $ 30.000, y con clausura de tres a 10 días aquellos establecimientos que omitieren el pago del impuesto a la Salud Pública, que grava el salario”, dice.
A su vez, la iniciativa especifica: “la sanción de la multa se aplicará a quienes ocuparen, incluidos sus respectivos empleadores, trabajadores en relación de dependencia no registrados y declarados con las formalidades exigidas por las leyes respectivas”.
Las clausuras, por su parte, se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la situación (número de empleados no registrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o reincidencia en la omisión) y abarcarán a obras, inmuebles, locales comerciantes, oficinas, industrias o firmas de prestación de servicios, entre otros sectores donde se constaten los incumplimientos legales.
Más controles
Además de las sanciones que serán aplicadas por la Dirección General de Rentas, el descubrimiento de las omisiones o de las situaciones irregularidades implicará la correspondiente fiscalización por parte de las delegaciones que el Ministerio de Trabajo tiene en la provincia, que también podrán aplicar las correspondientes multas. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo contempla además la inhabilitación de las empresas infractoras que, durante un año, no podrán acceder a licitaciones públicas y quedarán suspendidas en los registros de proveedores del Estado.
El mandatario había anticipado que estaba dispuesto a avanzar contra el empleo no registrado que, según informes estadísticos, en Tucumán alcanza al 48,7% de los asalariados.
El gobernador afirmó que la informalidad laboral registra altos índices en la construcción, en el servicio doméstico y en el comercio en general.
El proyecto de ley será enviado esta semana por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su sanción y, según pudo establecer LA GACETA, las modificaciones se incorporarán al artículo 76 de la Ley 5.121 (Código Tributario).
Una de ellas fue adelantada por el propio gobernador, José Alperovich, y apunta a las sanciones económicas contra aquellas empresas que no registren a su personal. “Serán sancionados con multas de entre $ 300 y $ 30.000, y con clausura de tres a 10 días aquellos establecimientos que omitieren el pago del impuesto a la Salud Pública, que grava el salario”, dice.
A su vez, la iniciativa especifica: “la sanción de la multa se aplicará a quienes ocuparen, incluidos sus respectivos empleadores, trabajadores en relación de dependencia no registrados y declarados con las formalidades exigidas por las leyes respectivas”.
Las clausuras, por su parte, se aplicarán de acuerdo con la gravedad de la situación (número de empleados no registrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o reincidencia en la omisión) y abarcarán a obras, inmuebles, locales comerciantes, oficinas, industrias o firmas de prestación de servicios, entre otros sectores donde se constaten los incumplimientos legales.
Más controles
Además de las sanciones que serán aplicadas por la Dirección General de Rentas, el descubrimiento de las omisiones o de las situaciones irregularidades implicará la correspondiente fiscalización por parte de las delegaciones que el Ministerio de Trabajo tiene en la provincia, que también podrán aplicar las correspondientes multas. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo contempla además la inhabilitación de las empresas infractoras que, durante un año, no podrán acceder a licitaciones públicas y quedarán suspendidas en los registros de proveedores del Estado.
El mandatario había anticipado que estaba dispuesto a avanzar contra el empleo no registrado que, según informes estadísticos, en Tucumán alcanza al 48,7% de los asalariados.
El gobernador afirmó que la informalidad laboral registra altos índices en la construcción, en el servicio doméstico y en el comercio en general.
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