07 Julio 2002 Seguir en 
Desde hace seis meses la República está tratando de superar su más grave insolvencia financiera y es probable que lo logre si orienta su situación fiscal de acuerdo con las exigencias del Fondo Monetario y el Grupo de los 7. Sin otra alternativa, salvo un cierto destino de paria en la comunidad internacional, el país que setenta años antes era una de las metas más ansiadas de los emigrantes europeos, es abandonado hoy por miles de descendientes de aquellas generaciones que -como insistentemente se afirma- huyen de la desesperanza y la pobreza. La dramática circunstancia histórica, sin embargo, es mucho más que el fruto del derroche o de la mala administración de los recursos, y la crisis exhibe ya con toda su crudeza una causa más profunda, remota y perdurable en la insolvencia política. La Argentina, no puede ocultarse, está mostrando ante quienes la observan debatiéndose en sus problemas una sorprendente incapacidad de autogobierno.
El origen de esa situación, si bien preciso, se ha ocultado tradicionalmente en el áspero debate coyuntural. Se trata de la creciente pérdida colectiva del espíritu de la Constitución, a partir del golpe de Estado de 6 de setiembre de 1930, un acontecimiento con escaso costo militar, pero a la medida de su amplio consenso entre la sociedad de aquellos tiempos. Cuatro días después, una acordada de la Corte Suprema -sobreviviente al colapso institucional- legitimaba al gobierno de facto, el mismo que mediante un decreto con fundamentos sorprendentes vetaba un año más tarde la candidatura presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear, argumentando que "repugna al sistema republicano, a la democracia y a la Constitución Argentina", por haber precedido en el poder a su correligionario Hipólito Yrigoyen, derrocado por la revolución, produciendo así -se decía cínicamente- un caso de personalismo oligárquico y abusivo.
A partir de entonces y hasta la restauración democrática de 1983, fueron depuestos militarmente seis gobiernos constitucionales, mientras que el Congreso sesionó 23 años durante el medio siglo transcurrido. Esta simple referencia no es menuda, pero generalmente se la omite en el debate sobre el costo moral y económico de la política que terminó afectando no ya la acción de gobierno, sino a los partidos, indispensables organizaciones intermedias del sistema democrático. La pérdida del espíritu de la Constitución -en la vida pública primero y después por la ciudadanía- pudo parecer temporal y remitirse a la baja "performance" del segundo gobierno de Yrigoyen, pero los hechos precedentes y posteriores al golpe que entronizó a José Félix Uriburu revelaron raíces más profundas en la sociedad argentina. Unas semanas antes del derrocamiento del presidente radical, el 9 de agosto, 44 legisladores nacionales conservadores, socialistas y algunos antipersonalistas de su propio partido, incitaban al primer cuartelazo triunfante de la historia nacional, convertidos en la voz de la conspiración, a la vez que la proclama inaugural del poeta Leopoldo Lugones expresaba un tono tan elevadamente corporativo que el propio general Agustín Pedro Justo -algo más de un año después presidente- debía exigir la corrección de ese desborde ideológico.
Sin esas raíces no habría sido posible que la dictadura de inspiración corporativa, que duró poco más de un año, dejara como saldo una crisis de identidad política, evidenciada con persistencia por la recurrente participación de la sociedad civil en los sucesivos golpes de Estado, y en la aceptación de restauraciones constitucionales más o menos restringidas por el severo control del poder militar. Esa suerte de auditoría castrense sobre la vida pública no debe llamar a error en cuanto a su calidad como tal, pues lo mismo que la realidad civil, la de los cuarteles transcurría entre posicionamientos que durante el medio siglo se fueron turnando una y otra vez, asociados a las respectivas tendencias ciudadanas que los convocaban. Prueba de ello es que, salvo la dictadura del general Uriburu, con 14 meses de duración, los restantes gobiernos militares hasta la restauración democrática de 1983 cambiaron de presidente fáctico con diferentes posiciones en la interna de las FF.AA. y después de ruidosas confrontaciones. Fueron los casos de Rawson, Ramírez y Farrell (1943/46); Lonardi y Aramburu (1955/58); Onganía, Levingston y Lanusse (1966/73) y, por último, Videla, Viola, Galtieri y Bignone (1976/83).
La persistencia de ese modelo civil-castrense y la proliferación de las corrientes nacionalistas de pensamiento inspiradas fundamentalmente en las experiencias corporativas y fascistas europeas, que se acoplaron con facilidad al sistema, condujeron por último a su formalización institucional, con el reemplazo de la Constitución liberal de 1853 por la denominada Justicialista, en 1955, de efímera vigencia. Desde el golpe cívico-militar de 1930 hasta el de 1955, que puso fin a la Constitución peronista, la seguridad jurídica debió atravesar un proceso de inestabilidad creciente que habría de perdurar después de la restauración de la Ley Suprema histórica por el cruzamiento de legislaciones inspiradas en ambas. No sólo durante el prolongado período de proscripción del peronismo y la dura crisis que dividió a la Unión Cívica Radical, sino por la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas con una capacidad de arbitraje político que las llevó nuevamente en cuatro ocasiones al poder hasta la restauración democrática de 1983. Lo que había comenzado medio siglo antes con la irrupción militar en el gobierno, culminaba finalmente el 24 de marzo de 1976 con la absoluta militarización de la política, esta vez sin la tradicional alianza o presencia complaciente de alguno de los grandes partidos.
En todos los casos, con excepción de la liquidación del caótico segundo gobierno del peronismo, los golpes de Estado, caprichosamente calificados de revolucionarios, fueron frutos de connivencias -y complacencias- con alguno de los mayores partidos. El más singular de todos fue, tal vez, el que depuso al presidente Arturo Illia, precedido de la hostilidad parlamentaria del peronismo y del radicalismo intransigente que, paradójicamente, habrían de ser borrados del mapa político de inmediato, con la disolución de los partidos por el general Juan Carlos Onganía. El fin del turno civil se produjo en esta ocasión sin conmoción alguna, pues buena parte de la sociedad estaba habituada y toleraba con cierta somnolencia política la ausencia de legitimidad del poder político desde el desalojo de Arturo Frondizi, tras soportar 17 planteamientos militares y la conspiración alentada por Juan Domingo Perón desde su exilio, y la Unión Cívica Radical del pueblo. Siete años antes, la mayor participación civil y de tan sólo una parte de las FF.AA. puso fin al gobierno de Perón quien, por cierto, había accedido al poder en una elección no reprochada comicialmente, si bien devino de la poderosa influencia del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que lo certificó como candidato militar. Por segunda vez una personalidad castrense llegaba a la presidencia con investidura civil, emulando el modelo del general Justo.Entre 1946 y 1976 la recurrente crisis de legitimación del poder político fue agravándose, a la vez que los repetidos y cada vez más frecuentes cortes en la vida partidaria debilitaron a sus organizaciones como entes representativos y escuelas de dirigentes democráticos. La fase final de la pérdida del espíritu de la Constitución fue la militarización plena del poder político y el colapso consiguiente del orden jurídico, caracterizado por la represión a cargo del Estado encapuchado. El desconcierto de la sociedad, afectada por el debilitamiento de su identidad política que durante medio siglo le produjo el vaciamiento del sentimiento constitucional, fue en esa circunstancia el más extraordinario desde la Organización Nacional.
Recuperada en plenitud por vez primera desde el 6 de setiembre de 1930 la vigencia de la Ley Suprema, los partidos retornaron a su gestión natural de organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado. Pero lo hicieron afectados por una peligrosa insolvencia acumulada en casi seis décadas, fuertemente caracterizada por la incapacidad para los acuerdos sobre políticas fundamentales. El estilo de confrontaciones por el poder, muchas veces ilegítimas y arbitradas por el militarismo restrictivo de la vida pública, les impidió adecuarse con la rapidez necesaria a las necesidades de eficiencia exigidas por una sociedad muy diferente de la de sus viejos archivos de afiliados. Los efectos se hicieron muy notorios al poco tiempo: pérdida de reflejos ante los cambios estructurales, tanto políticos como económicos, que se produjeron en la comunidad internacional, y ausencia de reacciones adecuadas, no sólo en el gobierno constitucional, sino en la oposición parlamentaria. Por lo demás, los grandes partidos democráticos habían dejado de ser los órganos naturales de reclutamiento de los mejores, convirtiéndose en blancos de la desconfianza pública.
Esa insuficiencia de reflejos de las organizaciones partidarias redujo sus capacidades para convocar consensos fundamentales y provocó decepciones en la ciudadanía, gravemente afectada por la insolvencia de sus representantes, como testimonian invariablemente las periódicas encuestas que, con los sindicatos, colocan a los partidos en el mayor desamparo social. La consecuencia de tal circunstancia es perversa, pues la crítica a la clase política se extrema de muy diferentes formas, con el riesgo de extenderse a la política misma, mientras el desinterés de los más aptos por participar de la gestión pública constituye un dato ineludible de la realidad. El interrogante apunta necesariamente a recomponer las relaciones de los partidos con la sociedad democrática que, merced a sus relevos generacionales, ha recuperado el espíritu de la Constitución, pero descree de la capacidad de aquellos para representarla en el ejercicio institucional, debiendo valerse, precaria pero peligrosamente para la suerte del sistema, de las organizaciones sectoriales para acceder con mayor eficacia a los poderes públicos. Todo lo demás, como la salida de la crisis económica y social o la integración del país con protagonismo definido en la comunidad internacional, tan sólo será efímero si no es una consecuencia de esa recomposición.
(c) LA GACETA
El origen de esa situación, si bien preciso, se ha ocultado tradicionalmente en el áspero debate coyuntural. Se trata de la creciente pérdida colectiva del espíritu de la Constitución, a partir del golpe de Estado de 6 de setiembre de 1930, un acontecimiento con escaso costo militar, pero a la medida de su amplio consenso entre la sociedad de aquellos tiempos. Cuatro días después, una acordada de la Corte Suprema -sobreviviente al colapso institucional- legitimaba al gobierno de facto, el mismo que mediante un decreto con fundamentos sorprendentes vetaba un año más tarde la candidatura presidencial de Marcelo Torcuato de Alvear, argumentando que "repugna al sistema republicano, a la democracia y a la Constitución Argentina", por haber precedido en el poder a su correligionario Hipólito Yrigoyen, derrocado por la revolución, produciendo así -se decía cínicamente- un caso de personalismo oligárquico y abusivo.
A partir de entonces y hasta la restauración democrática de 1983, fueron depuestos militarmente seis gobiernos constitucionales, mientras que el Congreso sesionó 23 años durante el medio siglo transcurrido. Esta simple referencia no es menuda, pero generalmente se la omite en el debate sobre el costo moral y económico de la política que terminó afectando no ya la acción de gobierno, sino a los partidos, indispensables organizaciones intermedias del sistema democrático. La pérdida del espíritu de la Constitución -en la vida pública primero y después por la ciudadanía- pudo parecer temporal y remitirse a la baja "performance" del segundo gobierno de Yrigoyen, pero los hechos precedentes y posteriores al golpe que entronizó a José Félix Uriburu revelaron raíces más profundas en la sociedad argentina. Unas semanas antes del derrocamiento del presidente radical, el 9 de agosto, 44 legisladores nacionales conservadores, socialistas y algunos antipersonalistas de su propio partido, incitaban al primer cuartelazo triunfante de la historia nacional, convertidos en la voz de la conspiración, a la vez que la proclama inaugural del poeta Leopoldo Lugones expresaba un tono tan elevadamente corporativo que el propio general Agustín Pedro Justo -algo más de un año después presidente- debía exigir la corrección de ese desborde ideológico.
Sin esas raíces no habría sido posible que la dictadura de inspiración corporativa, que duró poco más de un año, dejara como saldo una crisis de identidad política, evidenciada con persistencia por la recurrente participación de la sociedad civil en los sucesivos golpes de Estado, y en la aceptación de restauraciones constitucionales más o menos restringidas por el severo control del poder militar. Esa suerte de auditoría castrense sobre la vida pública no debe llamar a error en cuanto a su calidad como tal, pues lo mismo que la realidad civil, la de los cuarteles transcurría entre posicionamientos que durante el medio siglo se fueron turnando una y otra vez, asociados a las respectivas tendencias ciudadanas que los convocaban. Prueba de ello es que, salvo la dictadura del general Uriburu, con 14 meses de duración, los restantes gobiernos militares hasta la restauración democrática de 1983 cambiaron de presidente fáctico con diferentes posiciones en la interna de las FF.AA. y después de ruidosas confrontaciones. Fueron los casos de Rawson, Ramírez y Farrell (1943/46); Lonardi y Aramburu (1955/58); Onganía, Levingston y Lanusse (1966/73) y, por último, Videla, Viola, Galtieri y Bignone (1976/83).
La persistencia de ese modelo civil-castrense y la proliferación de las corrientes nacionalistas de pensamiento inspiradas fundamentalmente en las experiencias corporativas y fascistas europeas, que se acoplaron con facilidad al sistema, condujeron por último a su formalización institucional, con el reemplazo de la Constitución liberal de 1853 por la denominada Justicialista, en 1955, de efímera vigencia. Desde el golpe cívico-militar de 1930 hasta el de 1955, que puso fin a la Constitución peronista, la seguridad jurídica debió atravesar un proceso de inestabilidad creciente que habría de perdurar después de la restauración de la Ley Suprema histórica por el cruzamiento de legislaciones inspiradas en ambas. No sólo durante el prolongado período de proscripción del peronismo y la dura crisis que dividió a la Unión Cívica Radical, sino por la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas con una capacidad de arbitraje político que las llevó nuevamente en cuatro ocasiones al poder hasta la restauración democrática de 1983. Lo que había comenzado medio siglo antes con la irrupción militar en el gobierno, culminaba finalmente el 24 de marzo de 1976 con la absoluta militarización de la política, esta vez sin la tradicional alianza o presencia complaciente de alguno de los grandes partidos.
En todos los casos, con excepción de la liquidación del caótico segundo gobierno del peronismo, los golpes de Estado, caprichosamente calificados de revolucionarios, fueron frutos de connivencias -y complacencias- con alguno de los mayores partidos. El más singular de todos fue, tal vez, el que depuso al presidente Arturo Illia, precedido de la hostilidad parlamentaria del peronismo y del radicalismo intransigente que, paradójicamente, habrían de ser borrados del mapa político de inmediato, con la disolución de los partidos por el general Juan Carlos Onganía. El fin del turno civil se produjo en esta ocasión sin conmoción alguna, pues buena parte de la sociedad estaba habituada y toleraba con cierta somnolencia política la ausencia de legitimidad del poder político desde el desalojo de Arturo Frondizi, tras soportar 17 planteamientos militares y la conspiración alentada por Juan Domingo Perón desde su exilio, y la Unión Cívica Radical del pueblo. Siete años antes, la mayor participación civil y de tan sólo una parte de las FF.AA. puso fin al gobierno de Perón quien, por cierto, había accedido al poder en una elección no reprochada comicialmente, si bien devino de la poderosa influencia del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que lo certificó como candidato militar. Por segunda vez una personalidad castrense llegaba a la presidencia con investidura civil, emulando el modelo del general Justo.Entre 1946 y 1976 la recurrente crisis de legitimación del poder político fue agravándose, a la vez que los repetidos y cada vez más frecuentes cortes en la vida partidaria debilitaron a sus organizaciones como entes representativos y escuelas de dirigentes democráticos. La fase final de la pérdida del espíritu de la Constitución fue la militarización plena del poder político y el colapso consiguiente del orden jurídico, caracterizado por la represión a cargo del Estado encapuchado. El desconcierto de la sociedad, afectada por el debilitamiento de su identidad política que durante medio siglo le produjo el vaciamiento del sentimiento constitucional, fue en esa circunstancia el más extraordinario desde la Organización Nacional.
Recuperada en plenitud por vez primera desde el 6 de setiembre de 1930 la vigencia de la Ley Suprema, los partidos retornaron a su gestión natural de organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado. Pero lo hicieron afectados por una peligrosa insolvencia acumulada en casi seis décadas, fuertemente caracterizada por la incapacidad para los acuerdos sobre políticas fundamentales. El estilo de confrontaciones por el poder, muchas veces ilegítimas y arbitradas por el militarismo restrictivo de la vida pública, les impidió adecuarse con la rapidez necesaria a las necesidades de eficiencia exigidas por una sociedad muy diferente de la de sus viejos archivos de afiliados. Los efectos se hicieron muy notorios al poco tiempo: pérdida de reflejos ante los cambios estructurales, tanto políticos como económicos, que se produjeron en la comunidad internacional, y ausencia de reacciones adecuadas, no sólo en el gobierno constitucional, sino en la oposición parlamentaria. Por lo demás, los grandes partidos democráticos habían dejado de ser los órganos naturales de reclutamiento de los mejores, convirtiéndose en blancos de la desconfianza pública.
Esa insuficiencia de reflejos de las organizaciones partidarias redujo sus capacidades para convocar consensos fundamentales y provocó decepciones en la ciudadanía, gravemente afectada por la insolvencia de sus representantes, como testimonian invariablemente las periódicas encuestas que, con los sindicatos, colocan a los partidos en el mayor desamparo social. La consecuencia de tal circunstancia es perversa, pues la crítica a la clase política se extrema de muy diferentes formas, con el riesgo de extenderse a la política misma, mientras el desinterés de los más aptos por participar de la gestión pública constituye un dato ineludible de la realidad. El interrogante apunta necesariamente a recomponer las relaciones de los partidos con la sociedad democrática que, merced a sus relevos generacionales, ha recuperado el espíritu de la Constitución, pero descree de la capacidad de aquellos para representarla en el ejercicio institucional, debiendo valerse, precaria pero peligrosamente para la suerte del sistema, de las organizaciones sectoriales para acceder con mayor eficacia a los poderes públicos. Todo lo demás, como la salida de la crisis económica y social o la integración del país con protagonismo definido en la comunidad internacional, tan sólo será efímero si no es una consecuencia de esa recomposición.
(c) LA GACETA
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