Las provincias corren el riesgo de incumplir metas

El incremento de 24% en el salario mínimo docente a partir del jueves último, ha generado una fuerte incertidumbre en las provincias, en cuanto a su implementación y a su financiamiento. Si bien mejoran las transferencias de fondos federales a las provincias (en febrero la coparticipación se incrementó en un 23,4% respecto de igual mes de 2006), la “coparticipación” de decisiones nacionales pone a más de un gobernador entre la espada y la pared.
“Si se analiza qué pasaría si se trasladara el aumento del 24% al resto de los empleados provinciales, la suba en el gasto en personal sería de $ 11.400 millones anuales (equivale a tres presupuestos y medio de Tucumán) para las 23 provincias y para la Ciudad de Buenos Aires”, dice la consultora Economía & Regiones. “Debido al proceso de deterioro fiscal en el cual se hallan inmersas la mayoría de las provincias, haría inviable un aumento de tal magnitud. No obstante, una vez otorgado un incremento a uno de los sectores de la administración pública (en este caso, un 24% para el sector educativo), será muy difícil que no actúe como piso para el resto de las negociaciones salariales, en un año de elecciones nacionales y provinciales”, señala el diagnóstico privado.  
Tanto en Tucumán como en el resto del país aún están pendientes las discusiones salariales. Y en muchos casos arrancarán este mes, apenas termine el debate con el sector educativo. En el Gobierno provincial aún no arriesgan el porcentaje de incremento para los más de 70.000 empleados públicos , incluyendo a los maestros. Si embargo, algunos funcionarios consideran que el costo salarial de un nuevo aumento oscilará entre los $ 180 millones y los $ 200 millones anuales. Sólo en las provincias del NOA, que declaró un plantel de 247.671 estatales, el incremento en gasto de personal alcanzaría los $ 1.466 millones.
“Lo que surge del modo inconsulto en que la Nación fijó el nuevo piso salarial para el sector docente es, básicamente, la fragilidad de las instituciones del federalismo fiscal y la imposibilidad de coordinar políticas publicas entre los distintos niveles de gobierno”, advierte la consultora. Por otra parte, “plantear un sueldo mínimo uniforme en todas las provincias, refleja un desconocimiento de la heterogeneidad del país, donde se observan disparidades significativas entre los precios y la composición de las diferentes canastas de consumo”, acota el diagnóstico.
En otras palabras, un aumento generalizado pondría a las provincias a las puertas del incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto.