La situación del Indec: la verdad intervenida

BUENOS AIRES.- Mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer a la población el índice de precios (IPC) de enero, como realiza habitualmente el tercer día hábil del mes siguiente. Algo que no pasaría del rutinario cumplimiento del cronograma de publicaciones estará, sin embargo, cuestionado por las sospechas de manipulación oficial de las que el organismo tardará mucho tiempo en despegarse.
Al margen de las dudas casi permanentes de la población sobre la veracidad de la información oficial sobre la evolución de los precios, la seriedad del trabajo de los técnicos del organismo se mantuvo inalterable a pesar de las conocidas convulsiones políticas que castigaron al país desde 1968. Que el promedio ponderado de miles de bienes y servicios a veces no se corresponda con la realidad del consumidor a la hora de hacer las compras, no invalida la complicada ingeniería estadística que sobrepasa con creces una experiencia individual.
En todo el planeta, las oficinas públicas de estadística fueron, son y serán los blancos preferidos de todos los gobiernos a la hora de buscar culpables cuando los números no son de su agrado. Los ejemplos de declaraciones de presidentes o ministros cuestionando la validez de los propios datos oficiales dan la vuelta al mundo. Pero en tanto no se pase de declaraciones pour la galerie y no se interfiera en la independencia de los técnicos encargados de abordar el trabajo estadístico, así como de la misma institución responsable de la tarea, todo queda en el marco de la chicana política de cada caso.
Los problemas aparecen cuando se decide meter mano para presentar números a conveniencia de los intereses del gobierno de turno. Se trata de estadísticas oficiales en base a las que se elaboran contratos particulares y hasta internacionales. En el caso de la Argentina, que hace dos años decidió reestructurar su deuda pública con un fuerte componente de indexación en cerca del 40% de los títulos, una décima de punto porcentual de más o de menos podría representar centenares de millones de dólares en el largo plazo en favor de los acreedores o del Estado. O incidir en el PBI, a cuya evolución están atados otros bonos de la misma reestructuración.
Una situación similar se generaría con la devolución de los depósitos pesificados, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispone su actualización por un CER diseñado en base a la inflación.
En momentos en que sindicalistas y empresarios discuten las pautas salariales, el índice de precios al consumidor es una de las principales variables que se tienen en cuenta. Siguiendo con el mismo ejemplo, una décima de punto porcentual del IPC de más o de menos correría para arriba o para abajo las líneas de indigencia y de pobreza. Deuda pública, depósitos pesificados y salarios involucran una suma incalculable, sometida a su vez a las inocultables presiones oficiales sobre el Indec.
En ese marco debe analizarse el desplazamiento de la directora de Indices de Precios de Consumo, Graciela Bevacqua, que desde el Gobierno se intentó minimizar ya sea con el silencio o con evasivas declaraciones. Pero para que la ministra de Economía, Felisa Miceli, pudiera concretar el relevo de Bevacqua, antes debió darse otro cambio. Hasta setiembre de 1991, el Indec se desempeñaba fuera de la órbita de Economía, para preservar su independencia si se tiene en cuenta que gran parte de su información puede no ser del agrado de jefe del Palacio de Hacienda de turno. En sus primeros 23 años de existencia, el organismo dependía de la Secretaría de Planificación. Los cambios en la estructura del gabinete menemista implicaron la disolución de Planificación y el traspaso del Indec a Economía, dependiendo de la Secretaría de Programación Económica, a cargo respectivamente de Domingo Cavallo y Juan José Llach.
Al parecer, las críticas a la “nefasta década del `90” no pasan de las declamaciones porque ninguno de los gobierno que sucedió al de Carlos Menem se encargó de reestablecer la independencia del Indec. Tampoco el actual; por el contrario, fueron los propios trabajadores los que salieron a denunciar la inédita presión a cargo de quien se presentó como “delegada de Miceli”. “El Indec vivió bajo el reinado de varias dictaduras que, por más presión que aplicaran, nunca llegaron tan lejos como el actual Gobierno”, señalaron los trabajadores en un comunicado de rechazo a la intervención.
Quizás el IPC que se difunda mañana hasta llegue a ser el correcto. No importa: el mal ya está hecho y hará falta un esfuerzo de años para que el Indec recupere nada menos que su credibilidad, un bien a prueba de cualquier manipulación. (DyN)