"Los gobiernos no se suicidan"

Está convencido que, pese a las tentaciones propias de un año electoral, los conductores políticos e institucionales de las provincias aprendieron de la crisis y, por eso dice que “los gobiernos provinciales no se suicidan” a la hora de gastar. Alejandro Arlía fue uno de los pilotos de tormenta en tiempos en que había que llevar soluciones a los distritos del interior después de la devaluación de 2002. Ocupó la estratégica subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación. Hoy, con el crecimiento económico como moneda corriente en el país, Arlía dice que las provincias ingresan en un período en el que deben cuidar los recursos , ya que se trata de un tiempo de equilibrio en las cuentas y no de holgura fiscal. Esta es la entrevista telefónica concedida a LA GACETA.

-¿Se acabó el ciclo de bonanza fiscal para las provincias?
-Se está más cerca del entorno del equilibrio presupuestario. Y estar al límite marca que, la de 2007, será una política de trazo fino y no de trazo grueso. En otras palabras, la política salarial de cada gobierno tendrá que estar bien relacionada con los recursos que se vayan percibiendo y que se estimen percibir porque, de otro modo, la cosa puede complicarse.

-¿Entran a jugar un rol protagónico los fondos anticíclicos o de contingencia creados por varios distritos? 
-Prefiero hablar de excedentes o remanentes de ejercicios anteriores que prudentemente los gobiernos provinciales guardaron. Pero creo que no serán suficiente para atender la política salarial ya que, en la inmensa mayoría de los casos, no son significativos .

-¿Cuánto condicionará a las finanzas públicas el año electoral? ¿Habrá más gasto para sostener el poder político en cada distrito?
-En líneas generales, no habrá un incremento de gastos de caracter electoral a no ser que se entienda que una mayor inversión pública está dentro de la campaña. Es difícil plantearlo desde esa óptica porque inversión pública hubo desde 2003 hasta esta parte y todo el tiempo. Insisto: no creo que se den políticas salariales por fuera del presupuesto. Creo que se aprendió mucho de la crisis y los gobierno no se suicidan (tanto política como financieramente). Este será un año muy ajustado con la posibilidad de que la Nación contribuya a la reestructuración de las deudas provinciales.

-¿Cómo incide en el panorama de provincias el hecho de tener a la Nación como principal acreedor?
-Creo que de una manera positiva y por lo siguiente: cuando el principal acreedor de las provincias eran los bancos, la coparticipación se desangraba. Recordemos esa historia. Muchos dicen que los distritos provinciales son rehenes de la Nación. Pero hay que ver la fotografía de la crisis en la que, por ejemplo, Tucumán tenía su coparticipación sobregirada, es decir, que no le alcanzaba la plata para pagar, mes a mes, la deuda bancaria. Hoy la cosa es muy distinta, ya que se afecta un 15% de esos recursos. Para muchos, esta situación puede ser una oportunidad, más allá de las diferencias políticas. Es preferible que el acreedor sea un vecino, con el cual tengo trato todos los días y de toda la vida, a que sea un banco para el cual puede ser un cliente anónimo.
 
-Pero las ayudas financieras nacionales pueden llegar a tener su lado político...
-Las ayudas dependerán de la racionalidad y de la necesidad del momento. Ante situaciones como las catástrofes de Tucumán o de Santiago del Estero se observó un esfuerzo de coordinación entre la Nación y esas provincias. Las problemáticas de los distritos no son todas las mismas. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública, existen provincias que arrastran un problema en su endeudamiento y que necesitan de un tratamiento preferencial respecto de otras. Pero también habrá que ver qué tipo de incentivos se le da a otros distritos que hicieron un esfuerzo para no endeudarse demasiado.

-¿En algún momento, la Nación abrirá el juego para discutir un nuevo régimen de fondos coparticipables?
-Supongo que si. Pero no creo que sea en este 2007 porque es un año netamente electoral en el que la sensibilidad política para encarar reformas de este tipo podría tener repercusiones que nadie está en condiciones de sostener.