Sin cautela

Corría agosto de 2005 y el entonces ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, no entendía qué pasaba. El país renegociaba la deuda con los acreedores tras la declaración de default, de 2001, y desde abril de 2002 estaba vigente la Ley 25.587, conocida como antigoteo, que en teoría había restringido las posibilidades de que los tenedores de títulos públicos (acreedores del Estado), juicio mediante, cobraran anticipadamente a través de órdenes judiciales (léase medidas cautelares). En efecto, según la lírica norma, las cautelares sólo debían proceder cuando se probara que existía riesgo en la vida, la salud o la integridad de los denunciantes o estos fueran mayores de 75 años. Pese a todos estos tapones legales, Lavagna bufó porque, por actuaciones iniciadas ante la Justicia Federal de Tucumán, el erario seguía pagando (drenando, según la jerga de Economía) gruesas sumas.
De acuerdo con el condenatorio dictamen que el diputado kirchnerista Carlos Kunkel elevó al pleno del Consejo de la Magistratura (CM), frente a las demandas de particulares, que accionaban por títulos de la deuda pública, el juez federal número dos, Felipe Terán, libraba cautelares como cheques en blanco (sic). ¿Por qué? Porque en las resoluciones disponía que no se aplicara el decreto 471/02 -que pesificó los bonos en dólares (congelando el cambio a $ 1,4) o que fijó una tasa de interés de sólo el 2% anual si los bonos eran en pesos- a los títulos existentes en las cuentas de los beneficiarios, según Kunkel. Pero no identificaba a qué títulos se refería ni en qué fecha habían sido adquiridos, como hacían los jueces federales de Córdoba. Este “modus operandi” habría permitido que las cuentas de los demandantes, que ya habían conseguido que los exceptuaran de la normativa antigoteo y del decreto 471/02, fueran sabrosamente engordadas con bonos comprados a posteriori del default, prácticamente regalados, precisamente cuando ya nadie creía en la palabra del Estado, que había declarado que no iba a cumplir sus obligaciones financieras. En otras palabras: tomaban deuda en pesos y apostaban a que les devolvieran (lo invertido) a valor dólar según la cotización en el mercado libre.
Terán, que está al borde de un proceso de remoción, dejó en claro que no quiere ser el pato (o pavo) de la boda y está tirando de la manta. Advirtió y dio a entender al CM que su par, Jorge Parache, también bajo sumario, hacía exactamente lo mismo: habría librado cheques en blanco, para emplear la terminología de Kunkel. Lo interesante es que Tucumán, siempre a la vanguardia, patentó y exportó este innovador modelo de medidas cautelares: en diciembre de 2005 el titular de la Corte Suprema (y del CM), Enrique Petracchi, debió ordenar una auditoría en el juzgado federal de Santa Fe a cargo de Reynaldo Rodríguez, tal como en agosto de 2004 había hecho respecto de las oficinas de la dupla Terán-Parache, ambos emergentes, dicho sea de paso, del viejo sistema de designación de jueces, estrictamente política.
Lo de Terán-Parache es un síntoma. En todos los juzgados que dependen de la Cámara Federal de Tucumán (Catamarca y Santiago del Estero, donde el juez Angel Toledo renunció tras un avanzado sumario en el CM) sobran los problemas y cabe preguntarse si en Tucumán hay actuaciones en marcha contra empleados y funcionarios, porque las auditorías de la Procuración del Tesoro y la del CM (la que dispuso Petracchi) ya sugerían un entramado de connivencias y de situaciones rayanas con el caos en muchas causas auditadas, con llamativas pérdidas de expedientes.
El CM también es solidariamente responsable. Pese a que a Terán le habían prestado acuerdo para que fuera juez federal de Catamarca, tras la renuncia de Ricardo Maturana, insólitamente, el pleno del CM aprobó su traslado a Tucumán en 2001, en una suerte de indulto: venía literalmente huyendo de pedidos de destitución, que acá no cesaron. Como decía eufórico el mismo Terán en marzo de 2002, tres meses después de haber desembarcado aquí: “hay muchas calamidades y todo debe pagarse”.