La miopía del Congreso

La mirada miope del Congreso sobre los problemas institucionales del país sigue generando un alto grado de dificultades en las relaciones políticas indispensables para nuestro pluralismo democrático. Un flagrante testimonio de ello concierne a sus relaciones con el Poder Ejecutivo, fuertemente condicionadas por la voluntad del Gobierno que, a su vez, elude en ese orden exigencias constitucionales expresas destinadas a asegurar el control de sus actos. Ejemplo inmediato de lo señalado es el reiterado incumplimiento, por parte del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, de su obligación de concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre las actividades del PE -Artículos 101 y 71 de la Ley Suprema-. Fernández no ha cumplido con tal responsabilidad desde marzo de 2005, y acaba de insatisfacer su compromiso de hacerlo esta semana invocando un viaje a Brasil en el que acompañará al presidente Kirchner. Ninguna de las ausencias producidas hasta ahora dio lugar a reclamos de alguna de las cámaras: el oficialismo sofocó las demandas de la oposición, no siempre activa conjuntamente para plantearlas. El jefe del gabinete, eso sí, ha concurrido de tarde en tarde a reuniones con el oficialismo, generalmente para solicitar determinados tratamientos de iniciativas o comportamientos gubernamentales.
Como contrapartida de esa omisión oficialista que desacredita al Congreso, puede señalarse la preocupación puesta en la Cámara de Diputados por el mismo sector, para bloquear la asunción de su banca del diputado electo por la oposición Luis Patti, cuestionando antecedentes que lo vincularían formalmente con violaciones de los derechos humanos. Tanto la Constitución nacional -Artículos 48 y 16- como el Reglamento de la Cámara establecen como únicas condiciones la edad, la residencia y la nacionalidad, lo que deja a los electores el juzgamiento sobre idoneidad para cumplir con la Carta Magna. Una decisión parlamentaria del mismo carácter contra el diputado Antonio Domingo Bussi, que culminó con su expulsión del cuerpo, fue rechazada por la Corte Suprema, si bien el ex gobernador de Tucumán no reasumió porque finalizó su mandato poco tiempo después. La situación de Patti puede tener el mismo curso; bastante más simple ha sido la del diputado Eduardo Lorenzo Borocotó, quien saltó de la oposición al oficialismo antes de asumir su banca, violentando precisamente la voluntad de sus electores sin objeción de sus receptores. Ese tipo de fugas oportunistas que se practica en el Congreso mediante la brújula del hiperpresidencialismo configura también un estilo inédito en el comportamiento de nuestros cuerpos colegiados desde la crisis institucional y política que redujo el mandato de la Alianza e impuso invariablemente el del PJ con su crisis interna. No se trata de cambios ocasionales de posiciones de algún sector, sino de pesca a río revuelto, donde el extraordinario poder de caja y de canonjías -merced a delegaciones de facultades legislativas sin controles efectivos de su ejercicio- satisface los requerimientos del Ejecutivo. Todo ello, explicado por la expresión señera del jefe del bloque oficialista de senadores nacionales, Miguel Angel Picheto, quien manifestó que el suyo “es un partido que se cohesiona detrás del Presidente y del Gobierno, como ha ocurrido siempre”.
En el concepto aparece la raíz de ese estilo que ha degradado la función de los representantes del pueblo y de las provincias hasta hacer del Congreso un poder virtualmente delegado del que debe controlar. Así, la mayoría operativa, de acuerdo con esa regla de Picheto, interpreta como secundario el compromiso ético y moral que los candidatos de un partido formalizan con sus electores.