La violencia contra la UBA

La Universidad de Buenos Aires se halla cautiva de un grave conflicto para designar nuevo rector, por causa de desavenencias ideológicas que la están colocando al límite de su fractura. La situación integra el panorama de avasallamientos que padecen numerosas instituciones del país y afecta a su más importante centro de formación cultural y científica, al impedirse mediante la fuerza la designación de su nuevo rector. La UBA cuenta con más de 300.000 estudiantes, 29.000 docentes, 10.000 no docentes y 40 institutos de investigación, lo cual evidencia su máximo rango como institución educativa nacional. La crisis está impidiendo que se constituya la Asamblea Universitaria, integrada por 236 miembros -decanos y representantes del profesorado, graduados y alumnos- para consagrar al nuevo rector mediante el voto. Convocada tres veces, para el 4, el 6 y el 18 del presente mes, agrupaciones estudiantiles de izquierda de la FUBA, secundadas por el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y opuestas a la candidatura del decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, invocando su desempeño como juez y funcionario municipal en la dictadura, ocuparon el Colegio Nacional de Buenos Aires, sede de las asambleas, impidiendo sus realizaciones.
Alterini contaría con los votos necesarios para ser el sucesor de Jaím Etchverry, cuya rectoría tendrá fin el 7 del mes próximo. Tales son los motivos por los que esos grupos intolerantes avasallan las reglas democráticas que ordenan la universidad, arrogándose un supuesto derecho, cuyo fundamento es el pensamiento único, que impide la exposición de ideas diferentes en asambleas plurales. En ocasión de esos bloqueos violentos, además de los sectores mencionados, otras agrupaciones que responden al kirchnerismo, como Venceremos y Lavallese, compartieron con aquellas el repudio a Alterini, expresándose a favor del Gobierno nacional. Este, por cierto, no tiene candidato notorio para el rectorado, pero sectores vinculados al presidente Kirchner, entre ellos el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se oponen igualmente al rechazado. Por su parte, la Federación Universitaria Argentina (FUA), que reúne a federaciones de todo el país, ha descalificado la metodología autoritaria de la FUBA, expresando: "Es legítimo que se defiendan las opiniones mientras se den en el marco de la democracia universitaria. El bloqueo a la asamblea de forma indefinida como mecanismo extorsivo es contraproducente y pone en riesgo la institucionalidad". Seguramente que esos hechos de violencia no habrían impedido la realización de la primera asamblea, si no fuera porque desde el Ministerio del Interior se ordenó retirar la custodia policial con barreras, solicitada por el rector del Colegio Nacional. El ministro Aníbal Fernández pretextó, para dejarla sin efecto, la autonomía institucional de la UBA, cuya defensa quedó así librada al riesgo de la intolerancia. Todo ello y algo más, en suma, se agregó a la evidente presión sobre el candidato Alterini para que retire su candidatura, renunciando al necesario debate democrático.
El martes próximo se conocerá una nueva fecha para la cuarta convocatoria del cuerpo deliberativo, que muestra un pluralismo excepcional y discrepancias en las actuales circunstancias, pero cuyos integrantes comparten las reglas democráticas en debates por momentos muy difíciles. Es de esperar que quienes tienen la responsabilidad de asegurar el respeto por las instituciones, especialmente en el distrito espejo de la República, cumplan con tan esencial deber, honrando el prestigio de la universidad argentina, puesto en crisis cada vez que la Nación perdió su rumbo constitucional.