Huracán

Se fue el ministro de Seguridad y en su lugar asumió quien era el subsecretario del área. Renunció el director de Transporte de la provincia, y aún no tiene reemplazante. Desplazaron al fiscal original de la causa, y su puesto fue ocupado no por uno, sino por dos fiscales. Por primera vez, un ministro de la gestión de José Alperovich fue llamado a dar explicaciones en la Legislatura. Con dos sesiones del Concejo Deliberante, una de ellas literalmente envuelta en llamas por la presión de remiseros, se unificó el sistema de autos de alquiler, y así nació el Sutrappa. Se clausuraron boliches por doquier, y está a un paso de instaurarse una ordenanza que los obligará a cerrar a las 4. Todo en el lapso de 56 días. Tucumán, propensa a sufrir catástrofes climáticas, está siendo sacudida por el huracán Lebbos.
El 26 de febrero de 2006, en una comunicación de 31 líneas, el comisario Julio Vargas, jefe de turno de la Regional Capital, advirtió que, a las 23, Alberto Luis Lebbos denunciaba la desaparición de su hija Paulina Alejandra. Así comenzó una causa que ya suma 24 cuerpos, o sea unas 4.800 fojas. Ese fue el inicio de uno de los casos policiales más complicados del nuevo siglo, cuyas derivaciones aún son inciertas. Caratulado "Autores desconocidos sobre homicidio, víctima Paulina Alejandra Lebbos", hoy hace temblar los cimientos de las instituciones.
Desde el primer momento, la causa anduvo a los tumbos. Pero no mucho más que cualquier caso complicado, en los cuales cuesta encontrar al culpable y muchas veces no se logra. Se siguieron -y se siguen- cientos de hipótesis, algunas de ellas grotescas. Dentro de todo, el expediente tenía los parámetros normales. Eso hasta que el 14 de marzo, tres días después de que se encontró el cuerpo de Paulina en Vipos, Enrique García, jefe de la comisaría de Raco, labró un acta en la que advertía que un subordinado suyo, el oficial Manuel Yapura, había cambiado la declaración de un remisero, potencial sospechoso, y había fraguado su firma. La Policía quedó en el ojo de la tormenta. ¿Están encubriendo a alguien? En realidad, todo parece más bien maniobras negligentes, aunque no hay dudas de que la falta de preparación policial atenta contra el esclarecimiento de los hechos.
Por más que todos digan que no hay que politizar el caso, eso es justamente lo que sucedió. Tal vez sin quererlo, Alberto Lebbos contribuyó a que así fuera. Su embestida llevó a modificar normas, a avivar las peleas internas de la Legislatura, y a crear divisiones en la Corte, algunos de cuyos integrantes estaban decididos a analizar la actuación del fiscal Noguera, aunque finalmente no lo hicieron. Tan politizado está el caso que el mismo fiscal, de cuyas buenas intenciones no se duda pero que sabía que estaba bajo la lupa, fue de noche a la casa del gobernador a consensuar ayuda. Hay tanta política en medio de todo esto, que el gobernador debió tomar una decisión que nunca estuvo en sus planes. Recontratar a tres ex comisarios cuyo retiro él mismo había firmado. Dos de ellos son Marcial Escobar y Luis Santana, quienes, a pesar de ser reconocidos en la fuerza, se fueron por la puerta de atrás en agosto de 2004 en una minipurga totalmente politizada -los sacaron porque sus contactos políticos no eran afines a los de Alperovich y no por su falta de producción- que incluyó a otros seis policías.
En medio de tanta política, hay una causa judicial cuyo final parece lejano. Hay un homicida que se frota las manos de satisfacción ante tanto descalabro. Hay una madre, una hija y unos hermanos que no dejan de llorar. Y hay sectores de la sociedad -justamente, los que deben tomar decisiones- que aún no se dieron cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Que esperan que los acontecimientos los superen para reaccionar. Hoy hay críticas cruzadas y miradas de soslayo de todos los poderes del Estado. Es hora de crecer.