Los roces del presente prefiguran 2007

Las fallas de gestión complican el andamiento del Gobierno. La administración alperochivista amarró su fortuna política a la correcta resolución de los problemas. José Alperovich hizo de ese eslogan su marca distintiva del mirandismo. La eficacia y el permanente despliegue del jefe de Estado por todo Tucumán robusteció la impresión de que había acabado para siempre una era de mal manejo de los negocios públicos. Por ello, no se cansó de hablar mal de los desgobiernos anteriores, que se extendieron durante tres décadas, según su terminante diagnóstico. Las dos últimas elecciones le dieron la razón al planteo alperovichista. Así las cosas, parecía que el trayecto a la reelección en 2007 se hallaba libre de obstáculos. Sólo quedaba como asignatura pendiente la de disciplinar a los bolsones de peronistas díscolos -muy minoritarios por cierto-. Sin embargo, el caso Paulina Lebbos se interpuso en el camino y desnudó graves fallas en la práctica gubernamental. La política de seguridad se erigió en el principal blanco de las críticas, desde el 26 de febrero pasado. La solución diseñada para la cuestión de los remises no tapó esa situación. En rigor, la permanencia del tema Lebbos en la agenda de los medios nacionales colocó al gobierno de José Alperovich bajo los reflectores del ala política del gobierno federal. Al kirchnerismo no le agrada que un escándalo policial salpique a un gobernador obediente a la Casa Rosada. La incursión de Gendarmería implicó la admisión tácita de las limitaciones de la provincia para emprender una investigación compleja y que el Ministerio del Interior no se desentiende de esta. Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, tampoco es indiferente a los resultados de las actuaciones judiciales y policiales. Uno de sus hombres -Bernardo Lobo Bugeau- cayó víctima del terremoto inicial.

El fiel de la balanza
Fuera del ámbito político se había desenvuelto la trama de la historia de Paulina Lebbos. Con la concurrencia de Alberto Lebbos a la Legislatura, el asunto puede tomar otra coloración. El ex funcionario prometió públicamente que dirá todo lo que sabe. Lo que diga el padre de la estudiante ante las comisiones de Seguridad, Derechos Humanos y de Transporte gravitará políticamente en el corto plazo y en el destino de encumbrados funcionarios. Que la Cámara vaya a avanzar en tan espinosa materia es sólo una hipótesis, cuya materialización depende de la muñeca de Fernando Juri. Las relaciones de este con Alperovich no atraviesan por un buen momento. El juego de los teléfonos descompuestos fue una realidad en los últimos días hábiles.
La manera en que el gobernador liquidó el pleito con las agencias de remises le dio oxígeno ante la sociedad. A puertas cerradas y sin debate público, los concejales accedieron el martes a la unificación de remises y taxis. La determinación impulsada por Alperovich dejó mal parado a Juri ante la opinión pública. El vicegobernador había firmado un acta con María Jesús Rivero comprometiendo la formación de una comisión que iba a buscar una salida al conflicto. Mediante ese arbitrio, los remiseros se desconcentraron el viernes 7. Pero Alperovich convirtió en letra muerta el documento y el vicegobernador apareció pegado a las actividades empresarias de los Ale. La furia del vicegobernador alcanzó niveles insospechados, dicen en su entorno. Juri se había cuidado de intervenir porque siempre creyó que la regulación de la circulación de remises y taxis le concernía al intendente de la capital, Domingo Amaya. Se inmiscuyó por petición superior y salió magullado.
Ahora adquirirá relevancia lo que los legisladores decidan hacer en el caso Lebbos. Cerca del vicegobernador algunos opinan que la Cámara debe frenar las arremetidas de Alperovich. Como en situaciones anteriores, el fiel de la balanza se inclinará hacia donde Juri quiera. El pasado indica que este evitó trasladar las tensiones políticas a la esfera de los poderes. La primacía de las consideraciones institucionales pesó sobre otros argumentos en los instantes clave.

Visibilidad opacada
La marcha de la asamblea reformadora de la Constitución está signada por el secreto. El sinceramiento de los planes oficiales se hace por goteo. La habilitación de la reelección del gobernador y del vicegobernador, por dos períodos consecutivos a partir de 2007, es un hecho. Aunque no se votó aún la cláusula respectiva, la alianza del Frente de la Victoria con los representantes de Participación Cívica garantiza el plan continuista. El dato da lugar a que se conjeture en el mundo oficialista acerca de quién será el copiloto de Alperovich en la carrera electoral de 2007. A pesar de las promesas, en el peronismo nadie arriesga un centavo por la repetición del esquema Alperovich-Juri.
El ministro Juan Manzur, que acumuló puntaje por su conducción férrea del pulso de la convención constituyente, es uno de los nombres que se cita como probable compañero de fórmula. La diputada Beatriz Rojkés de Alperovich está también entre los postulantes a la vicegobernación. Otros, sin embargo, suben la apuesta y la ven como la probable gobernadora. La prematura emergencia de postulantes a uno de los cargos del Poder Ejecutivo no agota el repertorio de posibilidades que barajan los alperovichistas. Así, por ejemplo, algunos imaginan que el gobernador podría competir en 2007, encabezando dos fórmulas distintas. En esta hipótesis lo que variarían serían los aspirantes a la vicegobernación. Legalmente no habría impedimentos para que se ensaye esa experiencia, que está enderezada a captar votos del peronismo y de independientes, por dos carriles. El cordobés Eduardo Angeloz ya lo intentó con la UCR y con la jujeña Cristina Guzmán en 1989. Dentro de la ingeniería político-electoral del oficialismo ocupa un papel central el Partido de la Victoria (PV), a cuya dirección política se incorporaría el secretario de Gobierno, Javier Noguera. El PV bien podría erigirse en una pieza maestra de la próxima movida electoralista de la Casa de Gobierno.
Esos ruidos políticos no bloquean la difusión de proyectos que rediseñan institutos básicos de la arquitectura estatal. Se planea suprimir el Tribunal Constitucional, pero se pretende quitarle atribuciones al fuero contencioso-administrativo, por donde se canalizan actualmente las acciones de amparo en contra del Estado. Una nueva cámara se encargaría de esos pleitos, aunque con un rango inferior a la Corte Suprema de Justicia. El movimiento es audaz porque se tendería a reducir el riesgo de fallos contrarios a las acciones del Gobierno.
Las suspicacias apuntan a que las vocalías de la cámara a crearse se llenarían con juristas afines a los intereses del Poder Ejecutivo. La desaparición del Consejo Asesor de la Magistratura como funcionaba hasta su supresión en 2003 da sustento a esas presunciones.