Se debe acabar con la impunidad

La impunidad es el estado por el cual un delito queda sin castigo o condena que por ley corresponde. Implica la posibilidad de cometer crímenes -desde robos comunes a violaciones, tortura, asesinatos- sin sufrir pena alguna. Nuestro país y Tucumán registran una larga secuencia de hechos impunes que han horadado el significado y el valor de la frase “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”. En muchos de estos casos, alcanzar la verdad es difícil cuando en estos hechos están involucrados distintos sectores del poder.
La desaparición de Paulina Lebbos, hija de un funcionario -que luego renunció- del gobierno de Alperovich, ocurrida el 26 de febrero pasado, movilizó al poder político, al judicial y a la Policía. La trágica circunstancia trajo nuevamente a la realidad la sensación de inseguridad constante en que vive la sociedad tucumana, y desnudó una vez más la ilegalidad en el transporte público. Esta situación generó temor en una buena parte de los padres que, al parecer, tomaron conciencia del peligro que corren no sólo sus hijos, sino también ellos mismos, cuando ascienden a remises ilegales.
A más de un mes y medio de la infortunada desaparición de Lebbos, que fue hallada muerta en Raco el 11 de marzo, las pericias han puesto de relieve las graves irregularidades que se cometieron en la investigación del caso. Como ya señalamos, la estudiante desapareció el 26 de febrero; el fiscal se enteró del suceso dos días después. El Ministerio de Seguridad anunció que el cuerpo de la joven fue hallado por un baqueano de la zona mientras realizaban un rastrillaje por Tapia, cuando, en realidad, la encontraron dos baqueanos. Estos declararon luego que habían sido presionados por policías para que cambiaran la versión sobre cómo se produjo el hallazgo. Por otro lado y, pese a que está documentado en una ficha de control, nunca se le comunicó a la Justicia que el 26 de febrero por la ruta 341 circuló un Fiat Duna similar al que había abordado Lebbos cuando desapareció. El chofer del automóvil declaró que ese día no había utilizado el auto. Según se informó, un oficial modificó el acta de declaración del remisero y falsificó la firma. Otra circunstancia que refleja gruesos errores en la investigación es que las fotografías que tomaron los peritos de Criminalística llegaron a manos del fiscal un mes después de haberse encontrado los restos.
A causa de la constante presión del ex subsecretario provincial de la Juventud, padre de la víctima, que acusó al Gobierno de incapacidad para resolver el caso, se solicitó ayuda a la Nación; esta envió a personal de la Gendarmería. Los expertos no hicieron más que develar los errores cometidos en el procedimiento por las fuerzas de seguridad y salió a la luz la situación de una Policía y un cuerpo forense del Poder Judicial que carecen de medios y de capacitación adecuados. El ex funcionario denunció maniobras de encubrimiento por parte de todos los funcionarios que participaron en la pesquisa.
No es el único caso que permanece hasta ahora impune. La joven Marita Verón está desaparecida desde el 3 de abril de 2002 y nada se sabe de su paradero. El 2 de diciembre de ese año desapareció el contador Carlos Albarracín, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de setiembre de 2003. Los familiares de ambos reiteraron sus críticas por la falta de resultados en la investigación.
Más allá de que el Gobierno haya tomado cartas en el asunto por tratarse de la hija de un funcionario -lo cual no sucedió en otros casos-, es imprescindible llegar a la verdad. Los errores son tan evidentes que cuesta creer que se haya obrado tan ingenuamente en la investigación de un homicidio. Es hora de dar un corte definitivo a la impunidad. Es el único modo en que los ciudadanos podrán creer en sus gobernantes, en la Policía y en la Justicia. En caso contrario, nunca se llegará hasta las últimas consecuencias.