Sin tregua en la cima

No hay tregua. En tres escenarios se juega la suerte del gobierno de José Alperovich. Cada uno tiene sus reglas propias. La Asamblea Constituyente es una de las columnas vertebrales de la estrategia continuista del gobernador. El diseño del futuro formato institucional es una cuestión que interesa sobremanera a la Casa de Gobierno. No gravita, por cierto, en la resolución de asuntos candentes de ahora, como el esclarecimiento de la desaparición y del asesinato de Paulina Lebbos, ni en el ordenamiento de taxis y remises. Pero prepara las bases jurídico-políticas de lo que vendrá. Juan Manzur, ministro de Salud Pública y presidente de la asamblea reformadora, confirmó lo que se presumía: se habilitará la reelección por dos períodos consecutivos del gobernador, a partir de 2007. En esto Alperovich pretenderá emular a sus pares peronistas del Noroeste y al célebre riojano Carlos Menem. A menos que se quiebre el acuerdo Alperovich-Fernando Juri, aquella cláusula se impondrá por la superioridad oficialista. El alperovichismo, sin embargo, incluyó a los legisladores en la misma bolsa. De esa manera, el gobernador ata a su fortuna a los parlamentarios y los selecciona con un criterio de sujeción extrema a sus designios. El que desobedezca será excluido de la lista oficialista. Si eso prospera, La legislatura acentuará su dependencia política de un Ejecutivo poderoso. Al gobernador le cierra bien una disposición así. La lapicera en sus manos se volverá un instrumento temible de premios y castigos. Desde otra perspectiva, marca un retroceso respecto de la Carta Magna de 1907, porque excluye la renovación parcial de la Legislatura, como también la chance de la reelección sin tope de sus miembros. Aquella norma sólo privaba de la reelección inmediata al gobernador.

Movimientos sospechosos
La caja de sorpresas no acaba en aquel punto. Un hombre cercano al vicegobernador Juri -el convencional Roque Cativa- reveló que propondrá la subdivisión de las tres secciones electorales heredadas de la Constitución de 1990 en departamentos. En rigor, la idea es resistida por el alperovichismo, ya que la ley de reforma fue muy precisa al consagrar la intangibilidad de las tres secciones. La Casa de Gobierno teme que se judicialice el problema y la Corte Suprema de Justicia termine derrumbando la obra reformista. En términos de manejo político interno, no hay dudas de que al alperovichismo le conviene más la lista única por sección, antes que la proliferación de candidaturas departamentales. Al jurismo, que se basa en liderazgos comarcanos, por el contrario, le reditúan los armados políticos por departamentos. El diseño del régimen electoral favorece a la maquinaria justicialista porque prácticamente borra del mapa a las minorías opositoras. Tafí del Valle, por ejemplo, con un solo legislador -según el proyecto de Cativa- sería coto de caza exclusivo del PJ.
No obstante, existen divergencias entre la Casa de Gobierno y los juristas. El alperovichismo recela del proceder de los jueces cimeros y los fallos adversos de 2005 justifican ese estado de ánimo. Saben que en la Corte miran con ojo crítico la observancia fiel de la ley madre de la reforma. “Se caerá”, dicen en Tribunales ante el más leve desvío de lo autorizado por aquella.
En el radicalismo están espantados por los movimientos sospechosos de los juristas. La UCR se aferró a la promesa del vicegobernador de mantener intangibles las tres secciones pero, ante los proyectos como el de Cativa, amenazan con recurrir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las enmiendas. No es novedosa esta posición, pero sí representaría una variación significativa el intento de ordenar el retiro del legislador Juan Robles de la convención. El aún rector de la UNT Mario Marigliano -próximo titular del radicalismo- es uno de los abanderados públicos de ese planteo, junto con la nueva directiva que acordaron las líneas de Roberto Palina y de Rubén Chebaia.
Idéntico rechazo por la maniobra de departamentalización de las secciones exhiben los convencionales del Acuerdo Social para la Inclusión (ASI) y del Polo Obrero. El debate está planteado antes del inicio formal de las sesiones. El régimen electoral debe alentar y no aniquilar el pluralismo político en la representación legislativa.

Al rojo vivo
Es un clásico del mundo gubernamental hablar de las relaciones tirantes entre Alperovich y Juri. Las idas y vueltas en torno de la controversia entre taxistas y remiseros no contribuyeron a mejorar el clima. De este asunto el vicegobernador procuró mantenerse alejado, porque entendía que su solución pasa por la esfera municipal. El paulatino recalentamiento del ambiente político, a raíz de la concentración de remiseros en el parque 9 de Julio, motivó permanentes contactos telefónicos entre Alperovich -en Buenos Aires- y Juri -a cargo de la gobernación-. La promesa del gobernador de avanzar con la unificación de taxis y remises, había encendido la ira de los Ale -entre otros- porque les deshacía su papel de agencias intermediarias -las 5 Estrellas-. Del intercambio de llamadas, emergió la propuesta de Juri que dio una tregua temporaria y restituyó la resolución del enredo al gobernador. La desconcentración alivió la tensión en la tarde del viernes, pero nada más. A Juri, además, le tocó destrabar durante ese viernes negro, el acuartelamiento de la Policía Urbana. Designó a los 1.102 agentes contratados que esperaban impacientes su ingreso a esa fuerza de seguridad.
El empeño de Alperovich por desovillar la madeja sin diferenciar categorías y matices le sumó complicaciones. Desplazó a las autoridades municipales del manejo del régimen de taxis y remises, pese a que se le advirtió de la inconveniencia que lo hiciera. Entre el miércoles y ayer cambió de posturas: de la unificación prometida a los taxistas pasó a la conservación del statu quo. Pateó la pelota para adelante, aun cuando no haya descartado íntimamente insistir con el compromiso que selló ante los taxistas, el miércoles. En su entorno admiten que no puede haber grupos de presión que limiten la actividad del Gobierno.
Las fricciones internas en el ámbito gubernamental se potenciaron a caballo del conflicto con los jefes de las remiserías. El intendente Domingo Amaya y el ministro de Gobierno Edmundo Jiménez tuvieron diferencias, que zanjó el propio Alperovich. Este hizo prevalecer el criterio de que es un problema de competencia estricta del Poder Ejecutivo. Sólo el gobernador apaga incendios. Pero el costo puede ser muy alto porque no delega responsabilidades.