Una crisis por intemperancia

El final abrupto del diálogo por la construcción de las fábricas de celulosa de Fray Bentos ha puesto al conflicto entre Argentina y Uruguay en un estado de mayor confusión, que muestra a ambos gobiernos impotentes para impedir las actitudes contestatarias de las comunidades de Gualeguaychú y de Colón. Aunque hay que reconocer que algo se logró de una de las empresas constructoras, que detendrá las obras temporalmente. Los presidentes de ambos países debieron cancelar la reunión acordada en Chile hace tres semanas, conscientes de que no tienen a su alcance una decisión que sirva como herramienta para encaminar las negociaciones. Como han sugerido las autoridades uruguayas, la virtual autonomía con que se comporta la empresa finlandesa Botnia se apoya en el tratado de protección de inversiones con Finlandia, situación que otorga mayor certeza a la continuidad de las obras. Por lo demás, tanto la oposición política al gobierno del presidente Tabaré Vázquez como la mayoría de la opinión pública han reiterado su apoyo a las plantas, lo que provocó que se reinstalaran los ambientalistas en el paso fronterizo en Gualeguaychú, haciendo caso omiso de las recomendaciones del gobernador entrerriano, Jorge Busti. El desconcierto ante esa situación de impotencia ha dejado su referencia más testimonial en las palabras del ministro del Interior, Aníbal Fernández: “¿Quién le puede decir a la gente de Entre Ríos que no corte (los pasos fronterizos) luego de que las partes pusieron todo para que se destrabara la situación?”.
La proximidad de la Semana Santa, que implica para Uruguay  una intensificación del turismo argentino, agrava la situación: los cálculos extraoficiales prevén una considerable pérdida económica. Por el lado argentino, la posibilidad sugerida por Busti de convocar un plebiscito es rechazada por el intendente de Gualeguaychú, aunque no por el de Colón. Cabe preguntarse qué consecuencias tendría una respuesta endurecida de la comunidad que ninguna autoridad local o nacional estaría en condiciones políticas de enfrentar, como ha sugerido el ministro del Interior. La nueva insistencia oficial en derivar el conflicto a la Corte Internacional de La Haya no es sino una alternativa de largo plazo, pues el lento trámite de la instancia daría tiempo para completar las polémicas obras, sin la alternativa de impedir su funcionamiento. Al llegar a este punto, cuando la politización del debate ha desplazado toda posibilidad de análisis técnico del problema ambiental, la alternativa más adecuada es, a la luz de la experiencia internacional, la mediación de terceros -organismos o gobiernos-Las dificultades de convivencia en la región han sido frecuentes por efecto de la repetición de crisis políticas locales, hasta el punto de afectar las relaciones de gobiernos con ideologías afines, y esto se advierte ahora a propósito del caso de las papeleras. Se olvida así que negociar problemas puntuales o localizados obliga a considerarlos con objetividad para no dañar las relaciones históricas. La autocrítica, por lo demás, es igualmente responsabilidad de los sectores sociales, que deben evitar que sus actos desborden las seguridades jurídicas. En este caso, corresponde a las autoridades argentinas actuar sobre decisiones vecinales que contribuyen a nacionalizar un conflicto geográficamente localizado y del que la experiencia de su desarrollo ha demostrado hallarse ahora más alejado de una solución justa.
En nuestro país, la comunidad nacional ha reaccionado mesuradamente, en contraste con la afectada por el riesgo ambiental, pero no ha ocurrido lo mismo en Uruguay, como se observa en sus medios de comunicación, lo cual obliga a extremar el esfuerzo moderador oficial.