Dualidad en la política salarial

El acuerdo salarial suscripto entre el gremio de los camioneros y la cámara empresarial del autotransporte ha tenido suficientes significados para que se lo considere un testimonio elocuente de las dificultades que enfrenta el Gobierno, para hacer frente al proceso inflacionario y a las presiones sociales consecuentes con el prolongado deterioro de los salarios. La circunstancia más llamativa ha sido el hecho sin precedentes de que el entendimiento tuviera lugar en el despacho presidencial, con la intervención directa del doctor Kirchner, sin que previamente el sindicato de camioneros suspendiera las medidas de fuerza, a pesar de hallarse negociando en la cartera laboral. Tan excepcional concesión al sector sindical más conflictivo y con mejor acceso al Presidente espera ser compensada por los alcances del acuerdo que, en el orden salarial, redujo al 19% el 28% solicitado, estimándose que será un nivel testigo para las numerosas demandas y negociaciones en curso. Esta última hipótesis deberá confirmarse en los días inmediatos para mantenerse relativamente dentro de las pautas oficiales, donde la inflación calculada para el corriente año es del orden del 12%. Mientras tanto, el Gobierno sigue guardando silencio sobre la convocatoria del Consejo del Salario, solicitada hace ocho meses, que debe establecer el mínimo general del ingreso laboral mediante la negociación entre sindicatos y empleadores. “Los trabajadores no son los que generan inflación, y yo sé de la prudencia de ellos. Tiene que haber responsabilidad empresaria”, ha expresado el doctor Kirchner como una definición del Gobierno respecto del problema que más lo preocupa. Sin embargo, de esa inquietud no participa la política oficial cuando se trata del Estado, donde el superávit fiscal -sin precedentes desde hace varias décadas- se está logrando merced al congelamiento de gran parte de los haberes jubilatorios y de  los sueldos públicos, que perdieron el 40% y el 25%, respectivamente, del poder adquisitivo. Situación más grave es aun la de los docentes, a la vez que los planes sociales se hallan estancados. Esa situación de los jubilados permite al Gobierno disponer regularmente de los superávits de la Anses con otros fines y merced a facultades delegadas por el Congreso. La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo ha objetado a propósito de ese diferenciado criterio oficial, que las considerables carencias sociales del país no condicen moralmente con los elevados superávits que el Gobierno acumula con diferente destino del desarrollo social. Superávits en base a una elevada presión impositiva y a las adquisiciones de dólares y euros por el Banco Central, con la finalidad de integrar el fondo anticíclico para períodos de crisis.
Se trata, pues, de dos visiones diferentes de un discurso contradictorio, donde se lamenta la reticencia empresarial, pero no la del Estado, que, por su parte, dispone de un manejo irregular de los recursos públicos. Irregular y a la medida de la extraordinaria concesión de facultades administrativas por el Congreso merced a la Ley de Emergencia Pública. Entre ellas la de cambiar de destino las partidas asignadas en el Presupuesto, herramienta esencial que permite los manejos libres de caja con que el Presidente atiende demandas de provincias y de municipios cautivos del Tesoro central.
La dualidad política señalada está previniendo que la inflación ha llegado para quedarse y que la pretensión de eludir las reglas básicas de la economía mediante decisiones urgidas por los conflictos sociales puede ser otro atajo de corto plazo, no muy diferente de los tantos que ya conoció nuestra sociedad bajo administraciones de distintos signos, que la condujeron a su estado actual.