Esas comparaciones

Los datos de las cuentas del primer mes del año encienden luces rojas sobre la conducta del Estado frente al gasto público. Que las erogaciones hayan crecido un 41% respecto del año anterior no tienen un correlato respecto de la evolución del proceso inflacionario, mucho menos del crecimiento de la economía en su conjunto.
Más preocupante resulta comparar que el aumento de los gastos fue 10 puntos porcentuales superior al incremento del nivel de los recursos obtenidos por el Gobierno en ese período. Pese a ese escenario, aún no está en peligro la meta de cerrar el ejercicio con superávit. No obstante, la carrera abierta para debatir la actualización salarial del sector público puede ser un condicionante para la actual gestión, que sigue dependiendo de las ayudas que le brinda la Casa Rosada.
“Todo está atado a lo que decida (Néstor) Kirchner en el segundo semestre”, señalan algunos voceros oficiales cuando se los consulta sobre lo que hará el Poder Ejecutivo si el presidente de la Nación autoriza un nuevo aumento -similar al 19% que obtuvieron los camioneros- hacia junio o julio próximo.
En Buenos Aires les comunicaron a los funcionarios del Ministerio de Economía que plata habrá para hacer obras públicas, pero no para solventar incrementos de remuneraciones en las provincias. De hecho, los colaboradores del gobernador José Alperovich aún están tocando la puerta de distintos despachos del Ministerio de Educación en busca de más de $ 5 millones que la Nación le adeuda, desde el año pasado, a la Provincia por el reajuste salarial al sector docente.
Por las dudas, el Poder Ejecutivo abrió el paraguas antes de tiempo y acordó con algunos gremios el pago de una suma fija de $ 110 mensuales por estatal, como un modo de ir amortiguando las demandas sindicales por mejorar reales y genuinas en el salario básico. Esta situación encontró al Gobierno con un gasto adicional de $ 92 millones anuales, sin tomar en cuenta los $ 2,7 millones al año para pagar la sobreasignación especial, remunerativa y no bonificable para los funcionarios de rango superior.

Obligaciones pendientes
Muchos funcionarios consideran que no puede tomarse enero como un mes de referencia para establecer lo qué sucederá con el gasto en los siguientes 11 meses del año. Tal vez tengan razón si se explica que el PE pateó deudas del último bimestre de 2005, con el fin de cerrar el ejercicio del año pasado, tal como lo convinieron con el Gobierno nacional. Sin embargo, lo que resulta incontrastable es que hay mayores erogaciones para solventar aumentos salariales y que se profundizará, con el correr de los días, al saldar algunas obligaciones pendientes que tiene el Estado con sus acreedores.
Esa es una parte de la realidad. La otra es que el Gobierno sigue acumulando recursos en sus activos, como reserva para atender la deuda pública. Los mismos análisis oficiales informan que, por ese rubro, el PE ya lleva ahorrado $ 115,5 millones, el equivalente al gasto salarial de un mes o de tres recaudaciones mensuales de la Dirección General de Rentas. Paralelamente, la Provincia está invirtiendo en los municipios, mediante fondos fiduciarios para ejecutar obras. Ese también es un ahorro -inversiones financieras por casi $ 150 millones-, a mediano y largo plazo que hace el Estado y que, como tal, en algún momento deberá ser devuelto por los intendentes beneficiados.
Ojalá que el aumento del 41% en los gastos sea sólo estacional. Que el superávit fiscal alcanzado en los últimos años se deba al efecto de un manejo responsable y austero del gasto, evitando lo superfluo (tal como lo dijo Alperovich en su mensaje anual), y que no sea fruto del despilfarro y de la discrecionalidad, que terminan constituyéndose en una pesada mochila para todos los tucumanos que pagan sus impuestos.