Grave y revelador informe

El informe anual de la Fundación Poder Ciudadano sobre la actividad parlamentaria correspondiente a 2005 es, sin duda, el más severo que esa Organización No Gubernamental ha realizado, mediante una prolija y extensa investigación, acerca de la actividad del Poder Legislativo de la Nación. Con el título “El Congreso bajo la lupa”, el documento finaliza señalando: “el olvido legislativo de su facultad de control sobre el Poder Ejecutivo es, por momentos, obsceno, y los niveles de rendición de cuentas de los legisladores no existen”. Son diversos los puntos críticos que ese informe de la ONG nacional analiza, sobresaliendo entre los de orden institucional la extraordinaria delegación de poderes presupuestarios en el Gobierno y el retroceso en el debate de creación de la Comisión Bicameral Permanente de los Decretos de Necesidad y Urgencia , en espera desde la reforma constitucional de 1994. Esas delegaciones se vienen prorrogando sin objeciones desde hace tres años, de acuerdo con lo que demanda el Poder Ejecutivo que, de tal forma, dispone de una suma de recursos presupuestarios muy superior a la que conserva el Legislativo. Ese manejo presidencial y de la Jefatura del Gabinete de Ministros, en combinación con los DNU, asignan al actual Gobierno el mayor poder autónomo de todas las administraciones precedentes con origen constitucional.
Otro aspecto del estudio concierne a las dificultades para acceder a la información parlamentaria y debe relacionarse con el persistente bloqueo por la mayoría oficialista del proyecto de ley de acceso a la información pública. Se dice, por otra parte, que si bien los 257 diputados difundieron sus proyectos por Internet, tan sólo 53 lo hicieron con el currículum, únicamente 16 exhibieron sus declaraciones juradas de bienes, y apenas cuatro informaron sobre becas y subsidios otorgados. En el Senado los niveles son mejores, pero en cuanto a declaraciones de bienes sólo se difundieron 18. Por otra parte, no han mejorado los sistemas de trabajo del Congreso, requiriéndose iniciativas imprescindibles para hacerlos más eficientes. No se conocen tampoco listados de beneficiarios por asignaciones de pensiones, becas y subsidios, a la vez que entre las observaciones del informe figuran recomendaciones sobre rendición  de cuentas y de los sistemas de contrataciones públicas, exigiéndose un régimen de concursos. Los reproches más graves se hacen a Diputados por el sistema de votación nominal que, junto con el de listas sábana, deja en la penumbra política a los beneficiarios de esa condición de seudorrepresentantes.
La situación parlamentaria denunciada por Poder Ciudadano es favorecida, sin duda, por la carencia de una reforma política que los sucesivos oficialismos  archivaron invariablemente cuando llegaron al poder. También guarda relación con el criterio extraordinariamente laxo sobre responsabilidad política de la función pública, que impide la consideración penal de los actos públicos, cuyo daño o perjuicios a la sociedad y al Estado son evidentes y podrían haberse evitado mediante la idoneidad ética y profesional de sus responsables. En el atraso y desmanejo de nuestras organizaciones políticas reside el origen de esa corrupción de la gestión pública, donde desapareció, de hecho, la figura del representante de los intereses generales y cada vez más sectores sociales resuelven asumir defensivamente actitudes constitucionalmente violentas, invocando derechos desprotegidos. El informe de Poder Ciudadano constituye, en ese orden, una advertencia ineludible al poder republicano con funciones más elevadas, en la medida que si deja de cumplirlas, el sistema democrático será tan sólo otra ficción del autoritarismo.